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La transparencia nutre la democracia y el progreso

La versión de la Cámara de Representantes del proyecto para crear una Ley de Datos Abiertos del Gobierno se perfila como una herramienta para fortalecer la democracia y añadir dirección al desarrollo de Puerto Rico.

Tras su aprobación con enmiendas en la Cámara, el proyecto 236 del Senado, que había sido avalado por este cuerpo en diciembre, regresa ahora a la Cámara Alta para revisión en un comité de conferencia. En línea con el discurso público de adoptar una cultura de transparencia gubernamental, la versión del proyecto con las enmiendas de la Cámara debe convertirse en ley.

El proyecto propone que se presuma pública toda información generada, obtenida o entregada por un servidor público o contratista público. Establece un procedimiento uniforme para que los ciudadanos tengan acceso a esa información pública que se genera, origina o conserva en cualquier entidad de gobierno. Así busca llenar un vacío que le negaba a los constituyentes una herramienta vital en el ejercicio de la democracia.

En una votación que contó con el respaldo de las minorías —solo tuvo oposición de dos representantes populares— el proyecto aprobado permitiría la publicación de la información de gobierno en un portal electrónico administrado por el Instituto de Estadísticas. Además, transfiere al Instituto responsabilidades, procesos y recursos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto relacionados con la administración y el análisis de datos. Esta disposición representa un paso de avance hacia la despolitización del manejo y la divulgación de datos. La pureza y el acceso a esos datos son indispensables para la toma de decisiones informadas por parte del gobierno y de los ciudadanos. También lo es para recuperar la confianza pública y atraer la inversión a la isla.

El propio análisis cameral de la medida se hace eco del Tribunal Supremo de Puerto Rico que reconoce que, sin acceso a información pública, el ciudadano no estaría en posición de juzgar las actuaciones gubernamentales o de exigir la reparación de agravios.

Resulta lamentable que en su proceso de evaluación la Cámara no haya convocado a vistas públicas. No obstante, acogió una serie de recomendaciones críticas de la Red de Transparencia, lo que tuvo el efecto de fortalecer la medida.

Entre las enmiendas al proyecto senatorial aprobadas en la Cámara, se destaca que la ley aplicaría a las tres ramas de gobierno, incluidos los municipios. De esa forma, todos los entes públicos quedarían obligados, en igualdad de condiciones, a rendir cuentas sobre cómo manejan el dinero de los contribuyentes. Según enmendado, el proyecto también dispone que la ley aplique a terceros en cuanto a sus relaciones con el gobierno.

De esta manera, el Estado deberá divulgar de forma proactiva detalles diversos sobre la gestión del dinero público. Ello incluye pormenores relacionados a viajes oficiales, presupuestos y gastos trimestrales, y proyecciones de resultados y cumplimientos, además de retribuciones a personal y detalles de selección, contratación y nombramientos.

Otros renglones informativos abarcan las licitaciones, propuestas y contrataciones; condonaciones de deudas o traspaso de propiedades; acuerdos de planificación urbana, clasificación de suelos y zonificación; listas de grupos de presión y cabildeo que interactúan o gestionan negocios o beneficios en la esfera pública.

La transparencia es nutriente para la democracia y el progreso. Pero ese beneficio depende de ciudadanos apoderados, interesados en conocer y fiscalizar como parte de su responsabilidad de proponer y votar.

Puerto Rico debe contar con una Ley de Datos Abiertos que propicie el uso responsable, la sana administración y la vigilancia constante sobre los destinos de los bienes públicos. Por eso, favorecemos que el proyecto, según enmendado por la Cámara, sea avalado por el Senado en un proceso franco y abierto que subraye con acciones los compromisos con la transparencia.

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