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Innecesaria una oficina legislativa en Washington

En momentos en que Puerto Rico impulsa una monumental agenda de recuperación, cada entidad pública puertorriqueña tiene la responsabilidad histórica de ejercer la función que le toca para abonar al proyecto mayor que encara el país: su transformación en una nueva sociedad con una economía sostenible y generadora de empleos.

En ese importante derrotero, la creación de un nuevo organismo en Washington que responda al Senado de Puerto Rico no tiene razón de ser. Más bien abonará a una fragmentación en la gestión pública que, además de innecesaria, puede resultar contraproducente. Los tiempos llaman a la prudencia y a la solidaridad.

Puerto Rico tiene que ir a Washington con una sola voz, y un mismo mensaje y estrategia. En esa dirección apuntan las conversaciones recientes del gobernador Ricardo Rosselló y la comisionada residente Jenniffer González, dirigidas a armonizar sus visiones ante la importante agenda del país. A corto plazo están en juego los fondos de emergencia de los que depende la recuperación post huracán, un empréstito para solventar la operación pública y la continuidad del programa Mi Salud.

Pero el proyecto de reconstrucción de Puerto Rico impone reformas profundas, entre ellas la gubernamental, que exigen la distribución de tareas dentro del marco de competencias y la misión constitucional de cada entidad pública.

La estructura de gobierno de la isla provee para tener presencia en la capital federal por medio de la oficina del comisionado residente en Washington y la Administración de Asuntos Federales. La puesta en vigor de las políticas públicas, las iniciativas insulares en la capital federal y la comunicación con las entidades públicas de Puerto Rico se canalizan mediante estos organismos, que cuentan con presupuesto, espacios de oficinas, recursos humanos, consultores y cabilderos.

Sumar una tercera estructura y empleados, a precios de la capital federal, representa un gasto imprudente en la coyuntura actual de carencias presupuestarias y de los sacrificios que hace el pueblo puertorriqueño.

El interés del Senado en tener injerencia en los asuntos en Washington se puede canalizar mediante el diálogo y las herramientas que ofrece la tecnología. De haber una necesidad imperiosa, la Administración de Asuntos Federales pudiese proveer un espacio dentro de sus instalaciones.

También hay un asunto práctico que nace de la redundancia que una nueva capa de funcionarios y contratistas generaría en la capital federal. Las circunstancias, no solo llaman a la frugalidad en el gasto, sino a evitar que una duplicidad innecesaria afecte los procesos tan delicados que se dan en Washington en torno a Puerto Rico.

El ámbito de trabajo de nuestra Asamblea Legislativa es Puerto Rico y su función es esencialmente aprobar legislación que sea pertinente a la isla. Tratar de influenciar en la aprobación de leyes en el Congreso o en los procesos de la rama ejecutiva de los Estados Unidos a favor dePuerto Rico entra en un terreno del que ya se ocupan las oficinas isleñas que operan en la capital federal.

Los legisladores tienen aquí una serie de tareas legislativas fundamentales que han adquirido un elemento de complejidad adicional tras el paso del huracán María, y agudizan la caída de la actividad económica. Entre ellas destaca la evaluación de un presupuesto responsable que pase el cedazo de la Junta de Supervisión Fiscal. La tarea conlleva cooperar para que el nivel de gastos abone a la rehabilitación de las finanzas gubernamentales, sin la cual Puerto Rico no podrá volver al mercado de bonos para hacer obra pública.

En veremos también está la aprobación de un nuevo sistema tributario cónsono con la nueva estructura económica que el país requiere.

La agenda legislativa en Puerto Rico es inmensa. Tiene que ser ejecutada con arreglo a la división y al equilibrio de los poderes públicos, evitando la superposición de funciones y los absurdos gastos paralelos.

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