La vista de cambio de alegato en la esfera federal pautada para Pedro Luis Bones Torres, uno de los acusados de construir ilegalmente en Bahía Jobos, en Salinas, fue pospuesta para el 25 de abril ante la falta de un recurso aprobado de “habeas corpus” para que pueda ser procesado a nivel federal al mismo tiempo que enfrenta un caso estatal por una presunta violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica, confirmó el jefe de la Oficina de San Juan del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), Wilmer Ocasio Ibarra.

El oficial explicó a El Nuevo Día que Bones Torres actualmente se encuentra encarcelado en el Complejo Correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos (Las Cucharas), en Ponce, por lo que el Servicio de Alguaciles se encuentra a la espera de que el Tribunal federal emita dicho recurso jurídico para que sea puesto bajo custodia federal nuevamente.

“No hemos recibido la documentación necesaria para encarcelarlo”, explicó Ocasio Ibarra a este medio.

De igual forma, la vista de causa de revocación de libertad bajo fianza, pautada para este jueves, fue cancelada puesto a que, al no tener su custodia, el Servicio de Alguaciles no lo pudo transportar al Tribunal federal en Hato Rey.

Un informe de la Oficina de Probatoria dejó saber al juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, que Bones Torres violó las condiciones de libertad bajo fianza al incurrir en un delito luego que, presuntamente, agredió y amenazó a su pareja en hechos que ocurrieron el 25 de febrero del año en curso en Guayama.

Bones Torres fue uno de los acusados por un gran jurado, en mayo 2023, por, supuestamente, construir estructuras y depositar materiales prohibidos en la bahía de Jobos, en Salinas.

Según informó, en ese momento, el jefe de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, dichos actos violaron tanto la Ley de Agua Limpia y la Ley de Ríos y Puertos de los Estados Unidos.

El pliego acusatorio contra Bones Torres sostiene que es un chofer de camiones y dueño de maquinaria de construcción utilizada en el desarrollo de terrenos en los predios de la reserva federal.

En enero de 2024, mediante las minutas de la vista federal, se supo que la defensa del imputado negociaba con la Fiscalía federal para alcanzar a un acuerdo de culpabilidad.

Como parte del proceso judicial, Arias Marxuach fijó el 1 de marzo como la fecha límite para que se le informara al tribunal si las partes alcanzaron un acuerdo o si se solicitaría la celebración de un juicio que comenzaría el 15 de abril.

La abogada de Viviane Marrero Torres informó al Tribunal que recibió una copia del acuerdo de culpabilidad, pero que debía discutirlo con Bones Torres para saber si lo aceptaría. No obstante, al estar encarcelado por el caso de Ley 54, solicitó una extensión de 14 días para gestionar acceso a su cliente, a modo de discutir el acuerdo y “prepararlo para la vista de cambio a alegación”.

Bones Torres fue arrestado el 4 de marzo, mediante una orden de Arias Marxuach, al ser informado sobre su arresto y la radicación de cargos a nivel estatal.

El informe de la Oficina de Probatoria resaltó que Bones Torres “se enfureció” porque su pareja fue a una actividad familiar sin él. Cuando la mujer le cuestionó su actitud y estado de embriaguez, el hombre, presuntamente, la agredió físicamente y verbalmente. Posteriormente, el sujeto se marchó de la casa.

Según el informe, la mujer entonces buscó ayuda de uno de sus hijos adultos que vive cerca. Sin embargo, observó a Bones Torres mirándola desde su patio, quien entonces, supuestamente, le dijo que lo dejara entrar o le dispararía dos veces.

Tras evaluar la prueba, un juez del Tribunal de Guayama encontró causa para su arresto y pautó la vista preliminar para el 12 de marzo.

Tras entender que, por el caso de violencia de género, Bones Torres había violado las condiciones de la fianza de $10,000 “no asegurada” fijada por el Tribunal federal, la Oficina de Probatoria solicitó que el hombre fuera arrestado y que mostrara causa de por qué no debe ser encarcelado en una institucion federal hasta su juicio.