El juez superior Daniel López González determinó este jueves causa para juicio contra el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por cargos de enriquecimiento injustificado y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

López González encontró causa para juicio por violación al Artículo 251 del Código Electoral (enriquecimiento injustificado) y por el Artículo 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo, ni la propiedad o los fondos públicos, para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Ambos dos cargos aplican a los pagos que empleados emitieron entre abril de 2021 a septiembre de 2021, según los testimonios de los extrabajadores municipales Oscar Nazario y Jorge Mercado Santiago.

El proceso de vista preliminar contra Irizarry Pabón se extendió entre la radicación de mociones para, primero, cambiar el proceso judicial a otra jurisdicción, y luego, por la inhibición de dos jueces (Rubén Serrano Santiago y Lizandra Avilés Mendoza) por tener conflictos de interés. López González labora en el Tribunal de Caguas.

“Yo creo que la prueba es bien clara que él (Irizarry Pabón) utilizó su posición y utilizó su poder a los efectos de pedirle, darle instrucciones a unos empelados que hasta sacaron dinero de vacaciones, de unos chequecitos que le dieron de cuando renunciaron a sus trabajos, para pagar una obligación que no era de ellos. Nadie hace eso de forma voluntaria ni lo hace porque quiere. Obviamente, este señor estaba utilizando su puesto para beneficiarse y para lograr una ventaja, y esto es un abuso contra estos empleados. Así que, yo creo que aquí se ha hecho justicia y estamos muy satisfechos”, sostuvo la fiscal especial Zulma Fúster Troche al ser abordada por los medios de comunicación a su salida de la sala 405 del Tribunal de Ponce.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) también buscaba que a Irizarry Pabón se le acusara, bajo los mismos artículos, por el pago que efectuó el exempleado Ángel Gómez en abril de 2022. López González, sin embargo, no encontró causa en estos cargos.

“En el juicio vamos a prevalecer. En el primer ‘inning’ (entrada) se cayeron dos cargos. De cuatro, cayeron dos”, dijo uno de los abogados de Irizarry Pabón, Jorge Andreu Fuentes, al reiterar que a su cliente aún no se le ha determinado culpabilidad por delito alguno.

El político del Partido Popular Democrático (PPD) acumuló una deuda de sobre $53,000 tras solicitar un préstamo personal en el Banco Popular (BPPR) para financiar su campaña política y para uso personal.

De los más de $50,000 que debía, presuntamente $30,000 fueron dirigidos a la campaña, mientras que los restantes $20,000 los destinó para gastos personales.

Al escuchar la determinación en sala, Irizarry Pabón mostró frustración. Estuvo de pie para escuchar la decisión del magistrado, tras escuchar la palabra “causa”, inmediatamente se volteó hacia su esposa, Miyady Vázquez Pagán- quien estaba sentada en la banca justo detrás de él con su hijo e hija- bajó los hombres y abrió los brazos, en una expresión que pareciera ser de sorpresa y desilusión.

Más aún, esta fue la única reacción que reflejó el funcionario. Al dirigirse a los elevadores a su salida del Centro Judicial, se limitó a indicarle a los medios de comunicación que “respetamos los procesos. Gracias, gracias”.

Irizarry Pabón tampoco contestó preguntas en cuanto a si renunciará a su cargo o si ha sostenido conversaciones con miembros de la colectividad de la Pava.

De ser hallado culpable por violar el Código Electoral, Irizarry Pabón podría enfrentar hasta ocho años en prisión. Mientras, si es encontrado culpable por violar la Ley de Ética, podría recibir una condena de cinco años en prisión y sin derecho a probatoria.

El 25 de abril será la lectura del pliego acusatorio. El inicio del juicio fue pautado para el 6 de junio.

Durante la vista preliminar, varios testigos describieron que se sintieron timados y temerosos de no cumplir con la exigencia del alcalde al resaltar que temieron perder sus puestos si no cumplían.

“Si fuese ser un préstamo de campaña, la ley es clara en relación a los requisitos que hay que cumplir. Aquí hay jurisprudencia vasta y el Contralor Electoral tiene una reglamentación. Aquí no se cumplió ninguno de estos requisitos: habría que depositar el préstamo completo, habría que informarlo como la deuda del candidato. En este caso no se hizo. En este caso, muy convenientemente, posteriormente, después de que se tomó un préstamo personal cuando lo atrapan con este esquema de empleados pagando ahora se dice que es préstamo de campaña y nunca hubo la intención de un repago tampoco. La prueba no arroja eso”, puntualizó Fúster Troche.

Durante su argumentación final, Fúster Troche subrayó, repetidamente, que el alcalde abusó de la posición que ostenta para así obligar a sus “subalternos” a pagar su deuda.

“Su señoría, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué los servidores públicos de este país para eso es que son electos, para beneficiarse personalmente?”, cuestionó la fiscal.

Recordó, además, el testimonio de Ormiraida López Torres- subgerente administradora de la sucursal del Banco Popular en Ponce Towne Center -, quien interpretó los documentos que reflejaban los pagos al préstamo. Mediante los documentos, López Torres estableció que cuando el alcalde dejó de pagar su propia deuda es que los pagos se hicieron en efectivo.

Indicó, además, que el exempleado y director de campaña Luis Rafael Báez Rodríguez, alegó que el convicto empresario Oscar Santamaría, presuntamente, le saldó la deuda de la campaña de 2020. Asimismo, señaló que una anotación del préstamo dictaba que el dinero lo utilizaría para “mejoras al hogar”.

“Este señor fue a tomar un préstamo para mejoras al hogar y ahora pretende pasarlo como un préstamo para la campaña y que usted crea eso”, le dijo Fúster Troche al juez.

“Si Juan del Pueblo hace una solicitud como esta a otro compañero de trabajo y (el compañero) lo quiere ayudar no hay problema. Pero, esta persona (Irizarry Pabón) ostenta un poder sobre estas personas de que pudieran perder su trabajo. El que incurrió en el préstamo personal fue el alcalde. Si pretende ahora pasarlo como que fue un préstamo de campana, eso no se sostiene”, agregó.

Andreu Fuentes, por su parte, intentó establecer que los pagos nunca beneficiaron personalmente al alcalde al resaltar que no es ilegal que los políticos reciban donaciones para sus campañas políticas.

El letrado fue más allá al decir que los pagos se trataban simplemente de donaciones de sus “compañeros de trabajo” y que coartar al alcalde de recibir donaciones a su campaña política violaría “uno de los derechos fundamentales”, el derecho de expresión política.

Así, recalcó, “no hay duda” que el dinero era meramente un “gasto de campaña”.

“No les dijo ‘tienen que pagarlo ustedes’”, mencionó Andreu Fuentes al argumentar que los testigos que aportaron al préstamo del alcalde lo hicieron como “estrategia” personal para mantener sus posiciones en el municipio.

“Aun cuando el préstamo no fuera uno de campaña, no existe una ley que diga que un alcalde o un funcionario no puede ser objeto de donaciones por parte de sus compañeros de trabajo. No existe esa ley”, añadió.

No obstante, Fúster Troche aprovechó su redirecto para contradecir esta postura.

“Ahora resulta que el alcalde es un compañero de trabajo”, comenzó diciendo antes de resaltar que “el problema no es que donaron a su campaña” sino que abusó de su posición para beneficiarse personalmente.

“Ese no es el ‘issue’ (dilema) aquí. Aquí lo que este señor no podía hacer era usar su posición, su poder, para dar instrucciones para que le pagaran ese préstamo. Si era para lo que fuera, si tomó un préstamo y se lo donó a los niños pobres, era un préstamo personal y no puede usar su posición para satisfacer su posición personal”, repitió la fiscal especial al asegurar que hubo beneficio personal para Irizarry Pabón, pues cada pago costeado por sus empleados era dinero que él se ahorraba.