Antes de salir de prisión y de ser arrestado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega el pasado fin de semana en Manatí, Hermes Ávila Vázquez pasó buena parte de su tiempo en la cárcel incoando acciones judiciales contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y contra empresas y profesionales que prestan servicios de salud a la población penal.

Según se desprende del archivo electrónico de casos en la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), en una demanda que permanece activa, Ávila Vázquez reclama $1.7 millones por alegada impericia médica.

Mientras, su demanda más reciente se registró en el sistema en abril de 2023, el mismo mes en que salió de prisión tras invocar en el DCR un remedio extraordinario para prisioneros con enfermedades terminales o con dificultades de movilidad, ya que supuestamente era parapléjico.

A juzgar por el sistema de consulta de casos de OAT, Ávila Vázquez, de 52 años, se convirtió en un dolor de cabeza para Physician HMO, actual proveedor de servicios de salud en el DCR, y también para Correctional Health Services, la empresa que antes prestaba esos servicios, con repetidas demandas radicadas a manuscrito, representándose a sí mismo, sin abogados.

Entre los años 2018 y 2023, demandó al DCR y sus proveedores de salud, en al menos 15 ocasiones por diversas causas. De ese total de litigios incoados por Ávila Vázquez, diez fueron radicados contra Physician y uno contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Otras denuncias habrían sido radicadas antes del 2018, pero no se reflejan en el archivo electrónico de OAT.

Además de la denuncia de impericia médica, en algunos litigios Ávila Vázquez alegó violación a sus derechos civiles y en otros invocó reclamos de mandamus.

Algunos de los casos llegaron al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, que en el 2016 validó una decisión del DCR, que le denegó a Vázquez Ávila una silla de ruedas especializada con la que pudiera ponerse de pie “porque su condición no le permitía asearse adecuadamente”.

No obstante, de esa sentencia del Apelativo se desprende que el DCR también le denegó a Ávila Vázquez el beneficio que sí le aprobó en abril de 2023 para salir de prisión por presuntas condiciones de salud que limitaban su movimiento y no le permitían atender necesidades fisiológicas sin asistencia.

El documento indica que el DCR “denegó la solicitud de pase extendido por condición de salud al considerar que su caso no era meritorio”.

“En cuanto a las razones para sustentar su posición, Corrección expuso que la movilidad del recurrente no es limitante; puede participar en actividades del diario vivir y se encuentra estable en sus condiciones”, relata la sentencia. “Indicó además, que la prognosis de vida del señor Ávila es mayor de 6 meses; que Corrección puede ofrecerle la atención médica que necesite; y ‘...puede coordinarse los servicios médicos especializados que amerite’”, continúa.

Su caso ha llamado la atención pública debido a que al ser arrestado por la Policía el domingo pasado, en relación al feminicidio Meléndez Vega pasado, en los visuales grabados por los canales de televisión se le ve caminando mientras era escoltado por los agentes en Arecibo, a paso acelerado y esposado.

Ávila Vázquez fue sentenciado en el 2005 tras hacer alegación de culpa por asesinar a una terapista de 28 años y madre de dos hijos, en Caguas, en circunstancias similares en las que fue encontrado el cuerpo de Meléndez Vega.

En contraste con lo que se vio en las imágenes de Ávila Vázquez caminando el domingo, en una de las demandas de 2018, contra el DCR, Correctional Health Service y dos doctores, el convicto alegó que “se encuentra parapléjico debido a una caída de 30 pies que sufrió trabajando dentro de la misma institución” unos “12 o 13 años” antes de ese momento.

Sostuvo que debido a la caída ha sido sido sometido “más de 9 veces” a cirugías y que a “consecuencia de estas operaciones el demandante ha perdido movilidad del pecho hacia abajo”. También señaló que “casi” perdió la movilidad “de cuello, hombro, brazos, manos y dedos”.

Aseguró que un cirujano le recomendó una silla de ruedas motorizada porque, para el momento de la demanda, su condición “ha empeorado y lo limita a sus tareas del diario vivir”. En ese sentido, denunciaba que los demandados no habían cumplido con su responsabilidad de suplirle la silla de ruedas motorizada.

Después de evaluar las dos recursos legales de 2018, la jueza Rosaline Santana las desestimó por entender que DCR había hecho los trámites requeridos.

En otra demanda, en agosto de 2019, indicó que por su lesión al trabajar como empleado de mantenimiento para el DCR en el complejo correccional de Bayamón, en el 2009, recibió una declaración de “incapacidad total y permanente” en el 2015, por lo que reclamó que el Fondo del Seguro del Estado le adeudaba miles de dólares en pagos de compensación retroactiva por el salario de $130 mensuales que dejó de recibir entre esos años.

El tribunal le concedió la orden de mandamus que pedía para que el Fondo certificara cuánto había pagado y al DCR por los pagos hechos al demandante. No surge del expediente alguna consecuencia adicional posterior a la orden.

De otra parte, en el 2019 y 2020 radicó otras demandas contra la agencia, doctores, y las empresas Correctional Health Services y Physician Correctional en las que básicamente repetía las alegaciones anteriores.

En una de ellas añadió que fue sometido a exámenes de resonancia magnética y MRI que supuestamente confirmaron su condición. Señaló, además, que alguien a quien identificó como el “Dr. Brayan Montalvo” le hizo “la receta y recomendaciones” para una silla de ruedas motorizada luego de revisar la documentación de un cirujano.

También añadió que, en dos años, su condición empeoró, al punto que perdió “el movimiento de las manos”.

Asimismo, alegó que la silla de ruedas motorizada fue estimada por la empresa Axiscare Health Logistics en $12,595.

Jurando en la demanda que no había recibido respuesta del director médico, indicó: “No han hecho nada, torturando de dolor, angustia y sufrimiento al demandante”.

Tras consolidar las tres demandas, la jueza Santana Ríos destacó que el abogado de Physician reconoció un atraso por la pandemia, por lo que le concedió 60 días para la entrega de la silla.

En otra demanda, en el 2021, Ávila Vázquez solicitó ser transferido a una cárcel estatal de Boston, Filadelfia o Nueva York por tener familia en esas jurisdicciones.

El tribunal desestimó el pedido después de que el DCR informara que había enviado las solicitudes. Posterior a esa orden, no surgió otro reclamo en ese caso, según el expediente electrónico de OAT.

Luego, en 2022, los abogados del DRC y Physician, regresaron al tribunal tras otra demanda de Ávila Vázquez en su contra. Esta vez, añadía a tres doctores, dos enfermeros y un supervisor del dormitorio médico.

El convicto solicitó una compensación de $1.7 millones por daños y perjuicios en relación a una alegada impericia médica. Tras indicar que para ese entonces ya tenía “18 operaciones”, alegó que un enfermero mezcló tres medicamentos “en una jeringuilla y sin decirle nada”, se la inyectó, “causándole un paro respiratorio, por lo que fue entubado” en un hospital de Bayamón, y “casi le provoca la muerte”.

Después de evaluar las alegaciones de ambas partes, la jueza María Pérez Ortiz desestimó la demanda por entender que las alegaciones eran “vagas, ambiguas y confusas”.

Sin embargo, intentando ofrecer más detalles de sus alegaciones, Ávila Vázquez presentó una nueva demanda sobre el mismo asunto en octubre 2022. Según el expediente, nada ocurrió con el caso durante el año 2023, cuando el convicto sale a la libre comunidad. No fue hasta el pasado 6 febrero de 2024 que comenzaron a reflejarse gestiones.

Posteriormente, los abogados de Physician y del gobierno de Puerto Rico presentaron mociones -el pasado 12 y 18 de abril, respectivamente- solicitando que la demanda fuera desestimada. El gobierno de Puerto Rico negó que haya ocurrido algún daño, mientras que Physician se basó en que el asunto ya había sido juzgado y desestimado “con perjuicio”.

Una orden del juez Jaime Fúster Zalduondo, del tribunal de Bayamón, emitida el 20 de abril, le concedió 20 días a Ávila Vázquez para contestar las mociones o tomaría una decisión sin su posición.

Cabe mencionar que en la plataforma electrónica de OAT se puede observar que Ávila Vázquez no solía contestar las mociones de los demandados, limitándose a radicar las demandas y a comparecer a la vista final del caso, antes de emitirse la sentencia.

Con su puño y letra, y con fecha del 13 de enero de 2023, escribió su última demanda, que no se reflejó en el expediente electrónico de los tribunales hasta el 20 de abril de ese año.

En la misma, denunció que el DCR lo pretendía trasladar del Centro Médico Correccional en Bayamón -donde había estado desde el 2021- a la cárcel Las Cucharas, en Ponce.

Además, sostuvo que se encontraba en ese lugar porque desde el 2011 al 2021 se había perdido “166 citas” para atención médica, situación que asegura dejó de ocurrir cuando fue ubicado en el Centro Médico Correccional.

También alegó que la cárcel en Ponce no cuenta con “un vehículo de impedido”, por lo que un traslado a las Cucharas “podría poner la salud del demandante en peligro ya que el demandante es parapléjico y con otras condiciones médicas severas”.

De nuevo, Physician compareció ante el tribunal para pedir que se desestimara la petición. Según la sentencia de la jueza Dalisa Fraticelli, “el demandante fue excarcelado a tenor con la Ley 25/27 por sus condiciones de salud”, por lo que “su demanda se ha tornado académico” y desestimó la demanda en agosto de 2023.

Ocho meses después, este pasado lunes, Ávila Vázquez entró caminando al Tribunal de Arecibo, donde la jueza Cyndia Irizarry Casiano le encontró causa para el arresto por el feminicidio de Meléndez Vega. Regresó a prisión tras no poder pagar la fianza de $4 millones.

El cuerpo de la víctima fue encontrado semidesnudo en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, con heridas de arma blanca en el cuello, en circunstancias similares a las que se encontraron los restos de Celia López García, en febrero de 2005. Por aquél crimen hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciado a 122 años de cárcel en junio de ese año, pero cumplió menos de 20 años tras las rejas.

En una entrevista con El Nuevo Día esta semana, el coronel Carlos Cruz recordó cuando supervisó la investigación contra Ávila Vázquez en el 2005 y manifestó que no le sorprende que haya intentado valerse de algún engaño para recibir el beneficio para salir a la libre comunidad.

“Ese es el Hermes Ávila Vázquez que conozco, una persona totalmente manipuladora y que siempre ha tratado de burlar el sistema”, expresó el oficial.

“Los primeros años de su sentencia (de 2005), este señor se dedicó a escribir pidiendo indultos, alegando que era inocente, que yo y el equipo de investigadores le habíamos fabricado el caso”, afirmó. “Su comportamiento es de manipular y distorsionar la verdad... esa es la forma de él operar y tratar de burlar el sistema”.

Por su parte, la secretaria del DCR, Ana Escobar, reconoció a este medio que se sorprendió cuando lo vio caminando en televisión y ordenó una investigación para determinar por qué un panel de médicos de Physician certificó que Ávila Vázquez cualificaba para el beneficio de salir por condiciones que no le permitían “desplazarse” ni “hacer unas funciones fisiológicas que cualquier persona, sin sus condiciones, podía hacer de forma normal”.

“Todas las áreas que trabajan con estos casos, que intervienen en el área de Programas y Servicios, incluyendo los que supervisan en comunidad, están consternados... si es que finalmente se concluye que nos estaba engañando”, manifestó Escobar.

“Nos resulta insólito, lo tengo que decir así, por el hecho de que pudiera haberse dado el caso de que esta persona pudiera estar caminando con anterioridad, y no nos percatamos de esa situación”, apuntó la funcionaria.

Mientras, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, había indicado, el martes, que una vez el DCR complete la investigación sobre la excarcelación del imputado, la agencia estará solicitando que se refieran los hallazgos de la misma para examinar si se configuró algún delito. “Que no exista duda de que actuaremos cuando sea requerido. El pueblo merece conocer la verdad y quien haya fallado debe asumir su responsabilidad”, adelantó.

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Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si atraviesas por una emergencia o incidente que requiere la intervención inmediata de las autoridades, llama al Sistema de Emergencias 9-1-1. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar, puedes comunicarte con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.