Aunque alcaldes y oficiales del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) han señalado que LUMA Energy ni sus contratistas o subcontratistas han cumplido con los pagos por concepto de arbitrios de construcción, el consorcio energético insistió en que “requiere” a las empresas que recluta que “paguen los impuestos correspondientes”.

En unas declaraciones escritas enviadas este jueves a El Nuevo Día, LUMA afirmó que el decreto contributivo solicitado al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al amparo del Código de Incentivos de 2019, “no modificaría las obligaciones fiscales de los municipios para los contratistas”.

En el comunicado, sin embargo, LUMA no explicó cuál sería el efecto contributivo de la aprobación del decreto y, al momento de esta publicación, no se había concedido una entrevista solicitada a la oficina de prensa de la empresa.

Un borrador circulado a los municipios y el CRIM en abril precisaba que, entre los beneficios del decreto solicitado, figuraría una exención de 75% a contratistas y subcontratistas sobre cualquier impuesto sobre trabajos de construcción en “propiedad del beneficiario utilizada por los beneficiarios por sus operaciones exentas dentro de un municipio”.

El DDEC concedió a los alcaldes hasta el 12 de mayo para expresarse en torno a la petición.

La solicitud de LUMA se sometió a la luz de las secciones del Código de Incentivos aplicables a negocios que se dedican “a la producción o venta de energía verde a escala comercial para consumo”.

El operador de la red eléctrica no precisó, en su comunicado, cuál ha sido el monto que sus contratistas y subcontratistas han remitido a los municipios en arbitrios de construcción.

Ayer, miércoles, el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, denunció que, desde que entró en funciones en 2021, LUMA no ha remitido a los municipios la información necesaria para que los ayuntamientos cobren los arbitrios a los contratistas y subcontratistas que ejecutan las obras. El ejecutivo municipal señaló, sin embargo, que esos cobros también solían pasar “debajo del radar” cuando la AEE operaba el sistema.

“Como la AEE, LUMA no es responsable de pagar los impuestos municipales de los trabajos de construcción que se hagan en el sistema eléctrico. Esta política fue creada antes de la existencia de LUMA para darles a los municipios un descuento significativo en los costos por su consumo eléctrico y mantener las facturas de los clientes reducidas, evitando la necesidad de aumentar las tarifas relacionadas con los impuestos municipales de construcción y licencias comerciales”, sostuvo la empresa, en aparente referencia al modelo de contribución en lugar de impuestos (CELI), que exime a los ayuntamientos del pago por consumo eléctrico.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, ripostó que los beneficios mutuos del CELI no abarcan las responsabilidades fiscales de empresas reclutadas por el administrador de la red. Contrario a Colón Berlingeri, el líder de los alcaldes populares sostuvo que, previamente, los municipios sí cobraban a contratistas y subcontratistas los impuestos correspondientes.

“El mejor ejemplo es el huracán María. PREPA (AEE) subcontrató compañías para hacer el trabajo y tuvieron que pagar arbitrios por construcción y patentes a los municipios. Lo que le pido al Legislativo es que ninguna compañía privada que utilice fondos o se subsidie con fondos federales o estatales pueda tener un decreto contributivo. Tiene que ser una compañía que evidencia que va a traer capital privado al país”, recalcó el alcalde de Villalba en entrevista con El Nuevo Día.