La Cámara de Representantes considerará, en la sesión de este martes, una resolución presentada por la portavoz alterna del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, para interpelar a la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, quien, desde hace unas semanas, está en la mirilla pública por la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez, quien ahora enfrenta cargos por un feminicidio en Manatí.

El presidente de la Cámara, Rafael ”Tatito” Hernández Montañez, confirmó este lunes la información. “Nosotros nos comprometimos, en la pasada sesión, con la autora de la medida, de que se iba a atender en el caucus (del Partido Popular Democrático, PPD) y que se iba a analizar para poder atenderla en la sesión de mañana (martes). Así que es responsabilidad del caucus plantear sus opiniones y debatir los pro y los contra“, indicó Hernández.

A Ávila Vázquez, quien fingió ser parapléjico y cumplía una condena de 122 años por el asesinato de otra mujer en 2005, se le imputa el asesinato de Ivette Joan Meléndez, reportado el 22 de abril en Manatí.

El imputado fue liberado, en 2023, luego que se le concedió una solicitud, al amparo de la Ley 25 de 1992, mediante la cual se otorgan permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o alguna enfermedad terminal.

El hombre fue evaluado por un panel de médicos de Physician Correctional, que administra los servicios de salud en el sistema penal, y concluyó que podía beneficiarse de la Ley 25. El asunto es investigado por el Departamento de Justicia, así como por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La Comisión de Seguridad de la Cámara también realiza una pesquisa.

“No hay una forma más democrática y más amplia de rendirle cuentas al país que a través de una interpelación, en el pleno, porque en ese proceso están todas las partes, están los 40 distritos representativos, están los 11 representantes por acumulación, y todo el mundo tiene un tiempo para poder preguntar”, señaló el líder cameral. La medida necesita un mínimo de 26 votos para su aprobación.

Durante este cuatrienio, han sido interpelados el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Rafael Machargo, así como el secretario de Salud, Carlos Mellado, y quien fuera jefa interina de Educación, Elba Aponte.

Según la Resolución de la Cámara 1163, presentada por Nogales, durante la gestión de Escobar Pabón, se ha registrado un aumento en la cantidad de muertes en instituciones correccionales, de unas 47 para el año fiscal 2018-2019 y 59 en el 2019-2020, a 80 en el 2020-2021, 94 en el 2021-2022 y 61 hasta el 17 de mayo de 2023. Solo en abril de 2023, fallecieron 10 confinados, lee la medida.

Una vez más, la titular del DCR rechazó la posibilidad de renunciar al cargo, luego que el representante popular Héctor Ferrer Santiago así se lo solicitara en medio de una vista pública de la Comisión de Hacienda en la que se evaluaba el presupuesto de la agencia para el próximo año fiscal.

“Yo lo dije ayer, pero se lo voy a decir mirándola a los ojos, es momento de que renuncie. El país no aguanta que se continúe con esta jauja”, afirmó Ferrer Santiago, provocando que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien también participaba de la audiencia y estaba sentado al lado de la funcionaria, solicitara ser excusado.

Domingo Emanuelli permaneció en la vista pública a petición del presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Jesús Santa.

Concluida la vista pública y abordada sobre el asunto, Escobar Pabón defendió su gestión administrativa. “No existe ninguna razón para que yo diga, en este momento, que voy a estar renunciando a mi cargo. He hecho mi trabajo de manera excelente por tres años y cuatro meses. Hemos hecho un sinnúmero de logros para el DCR y continuaré trabajando en beneficio de mis compañeros de trabajo, la población correccional y sus familiares, a menos que exista alguna razón por la que el señor gobernador me retire la confianza”, afirmó.

Dijo, además, que estaba dispuesta a participar del proceso de interpelación, si así fuese solicitado. “Estoy dispuesta a participar de cualquier entrevista que me quieran hacer en la Cámara de Representantes, el Senado, el Departamento de Justicia y cualquier entidad que requiere información sobre el DCR. No hay nada que ocultar, no hay nada que negar”, sostuvo. “Nunca me he escondido”, agregó.

La vista pública -que se extendió unas cinco horas- estuvo marcada por varios intercambios subidos de tono entre legisladores del PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Estos últimos se opusieron -en todo momento- a preguntas que, según su apreciación, podían incidir en la investigación que llevan a cabo las autoridades sobre el incidente en el que fue asesinada Meléndez.

Por el PNP, participaron José Aponte Hernández, Gabriel Rodríguez Aguiló, Lourdes Ramos, Ángel Morey, Luis “Junior” Pérez Ortiz, José “Pichy” Torres Zamora y José “Che” Pérez.

“Desde un principio lo advertí, que era muy tentador tener a la secretaria y al secretario de Justicia aquí hoy. La prudencia y la madurez tenía que reinar en este proceso de una vista de presupuesto”, argumentó Rodríguez Aguiló, quien alegó una falta de respeto por parte de Ferrer Santiago, planteamiento que fue rechazado por Santa.

El representante Pérez Ortiz, sin embargo, cuestionó a Escobar Pabón si la liberación de Ávila Vázquez estaba relacionada con problemas presupuestarios de la agencia. Escobar Pabón no lo precisó. “La realidad es que no puedo contestar esa pregunta, señor representante. El caso se encuentra bajo un proceso de investigación y no entraría a contestar la misma”, aseveró la funcionaria.

De la vista pública participaron también representantes de Physician Correctional, administradora de los servicios de los confinados desde 2018. Estos, sin embargo, no respondieron a preguntas de legisladores sobre la partida presupuestaria destinada a la contratación del equipo médico que tiene a su cargo evaluar a los confinados que hacen una petición de excarcelación al amparo de la Ley 25 u otro estatuto.

La empresa está solicitando $66.7 millones para cumplir con los ofrecimientos médicos de la población correccional durante el año fiscal 2024-2025. Esta partida -que supera en $12.1 millones al presupuesto vigente- le permitirá “tener capacidad económica para adquirir nuevos medicamentos y tecnología” y “reclutar y retener más personal médico y de enfermería”.