A partir de este verano, el 100% de los participantes hábiles del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) deberá proveer horas de voluntariado o trabajar para recibir el beneficio, como parte de la transición encaminada por el gobierno de Puerto Rico para acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en inglés).

“Ya nosotros implementamos un plan piloto en Carolina. Tenemos gente trabajando. Bayamón y San Juan se incorporan próximamente. Esperamos que ya, para julio, tener el 100% de las regiones de Puerto Rico en este proyecto de ‘work requirement’ (requisito de trabajo). Realmente, estamos atendiendo todas las posibles preocupaciones que pudiera tener el Congreso, de cara a esa transición”, dijo este jueves la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez.

Sus expresiones se producen luego de que la presidenta del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos, la demócrata Debbie Stabenow (Michigan), anunciara, el miércoles, que integró a su proyecto para reautorizar la ley agrícola un lenguaje que abriría la puerta a la inclusión de Puerto Rico al SNAP.

El gobernador Pedro Pierluisi reconoció dicha integración como “un gran avance” en la intención de transicionar del PAN al SNAP.

Sin embargo, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), mantiene sobre la mesa un bosquejo legislativo que no atiende el reclamo del gobierno de Puerto Rico para incluir en la reautorización de la ley agrícola, que vence el 30 de septiembre, lenguaje que vincule al gobierno federal con una transición del PAN al SNAP.

“Es correcto, por la información que nos llega, en la Cámara, la probabilidad no es alta (para que se avale la transición). Aparentemente, no se va a incluir a Puerto Rico en SNAP en el proyecto de la Cámara. O sea, no se va a autorizar que Puerto Rico continúe con la transición que está en curso y que se inserte en el programa SNAP”, dijo el mandatario.

Sin embargo, se mostró confiado en que la isla sea favorecida, como resultado de una negociación en el comité de conferencia, donde se deben armonizar las diferencias que haya en torno a la iniciativa.

“Yo pienso que, de la manera en que he visto el lenguaje, la senadora Stabenow fue muy hábil en redactar la medida, de forma tal que no señale un costo fiscal significativo de entrada y eso debe ayudar en las negociaciones con el ala republicana”, apuntó Pierluisi.

“Son buenas noticias. Admito que, en Cámara, no vamos a tener el mismo tipo de disposición, pero después esto acaba en conferencia y esperemos que prevalezca la versión del Senado”, abundó.

En octubre pasado, Pierluisi anunció el comienzo de un proyecto piloto para exigir a los beneficiarios del PAN, entre los 18 y 54 años, cumplir con 20 horas semanales de empleo, estudio o trabajo voluntario en una organización sin fines de lucro.

La secretaria Rodríguez no precisó cuántos participantes del PAN ya están trabajando, estudiando o haciendo voluntariado.

Puerto Rico recibe $2,900 millones anuales para el PAN, lo que beneficia a cerca de 1.4 millones de personas.

De otra parte, Pierluisi calificó como “muy importante” el apoyo que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), dio al proyecto 3231, del senador demócrata Martin Heinrich (Nuevo México), del que será coauspiciador. La medida promueve un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

“No es usual, es más, casi nunca el líder de los demócratas auspicia proyectos. Al él entrar como coauspiciador, está diciendo que ese proyecto es prioritario, así que el próximo paso es la vista pública que yo he reclamado”, apuntó el gobernador.

“Me siento razonablemente confiado en que la tendremos”, agregó.

Bajo ese escenario, Pierluisi reiteró que mantiene su postura de dar espacio al Congreso para actuar antes de optar por celebrar, en la isla, una consulta de status criolla, como permite la Ley 165 de 2020, que viabiliza que se efectúe esa votación, mediante orden ejecutiva, con definiciones fijadas por el primer ejecutivo.

Pierluisi ha dicho que, de optar por usar la Ley 165, convocaría la consulta en julio.

“Eso se mantiene en pie, esa posibilidad. Lo que pasa es que estamos enfocados, ahora, en la vista pública, que esperamos que se convoque”, sostuvo.