El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, interpretó este lunes que la Asamblea Legislativa tiene hasta el cierre de la próxima sesión ordinaria -es decir, junio de 2025- para aprobar el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, documento que persigue que el país cuente con una política pública ordenada para responder a esta problemática.

Así el panorama, la aprobación de la versión final de la propuesta que fue elaborada por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc) quedaría en manos de la próxima Asamblea Legislativa, a ser elegida en las elecciones generales del 5 de noviembre, pues la actual sesión ordinaria es la última del cuatrienio.

Dalmau Santiago cuestionó que el documento haya sido presentado a cinco años de haberse aprobado el estatuto que promulgaba el desarrollo de las guías.

“Yo no voy a aceptar aquí empujones, atropellos y presiones para un documento que debió ser entregado hace cuatro o cinco años, porque ahora nosotros tenemos que tener el espacio para evaluarlo. Eso es lo que dice la ley”, señaló el senador durante los trabajos legislativos del Senado.

“Esta ley se presentó en el 2019 y dice, en su Artículo 8, que este Plan de Mitigación tenía que ser presentado en la Asamblea Legislativa en un año. O sea, que para mayo de 2020, este plan tenía que ser sometido a esta Legislatura. Entonces, llegamos a casi mayo de 2024, someten el plan y dicen que hay prisa, que tienen que aprobarlo y evaluarlo rápido, cuando se tardaron cinco años en presentarlo”, manifestó.

En septiembre de 2023, el Ceacc presentó un primer borrador del plan ante la Legislatura. Esa primera entrega, sin embargo, experimentó ajustes tras la celebración de vistas públicas –que culminaron en diciembre–, en las que se recogieron preocupaciones de diversos grupos. La nueva entrega ocurrió el lunes de la semana pasada.

En su Artículo 16, la Ley 33 de 2019 establece que, una vez el voluminoso documento es aprobado por la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, será sometido al pleno de ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa para su consideración “durante la sesión ordinaria en que se someta”. De aprobarse por ambas cámaras, entonces, se enviará para la consideración del gobernador.

Agrega el mencionado artículo que, “si al finalizar la sesión ordinaria para su consideración, la Asamblea Legislativa no ha actuado en cuanto al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, se entenderá que el plan fue aprobado y será remitido al gobernador de Puerto Rico para su firma o veto”.

No obstante, al abordar los deberes de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático -la cual consta de 22 miembros de Cámara y Senado-, el Artículo 15 establece que este organismo “tendrá no más tarde de la culminación de la próxima sesión ordinaria para presentar el plan simultáneamente a ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa”.

“Permítanle a la Asamblea Legislativa evaluarlo… La ley dice cuánto tiempo tiene la Asamblea Legislativa… ¿Saben cuánto tiempo tiene? Hasta la próxima sesión ordinaria. Entiéndase, la sesión que empieza en enero de 2025 y que termina en junio 30 de 2025. Ese es el tiempo que tiene para evaluarlo la Asamblea Legislativa”, argumentó el presidente senatorial.

Asimismo, Dalmau Santiago recordó que la Ley 33 dispone, además, enmendar la “Ley de Reforma Educativa” a los fines de implementer en el currículo escolar los temas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. “Los niños que estaban en séptimo grado ya están en cuarto año y no tuvieron el currículo que dice la ley que tenían que tener. Hay prisa, pero tardaron cinco años en someter el documento y producir el expediente”, reclamó.

La nueva versión del borrador integró áreas de trabajo adicionales, como la pesca comercial y la acuicultura, como parte de los desafíos en torno a la seguridad alimentaria que enfrenta el país debido al cambio climático. En total, el plan enumera 156 cursos de acción y 808 estrategias que, una vez aprobados, tocaría al gobierno ejecutar.