La mayoría de los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes derrotó el Proyecto del Senado 1374, que buscaba retrasar hasta 2025 la efectividad de la ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en Puerto Rico y que está pautada para regir a partir del próximo 1 de junio.

Tras esta determinación, el proyecto no puede ser llevado ante el pleno para su votación.

“En conclusión, la aprobación del Proyecto del Senado 1374 representaría un retroceso significativo en la lucha por la conservación ambiental en Puerto Rico. Es imperativo que las instancias legislativas y gubernamentales asuman su responsabilidad moral y jurídica de salvaguardar los recursos naturales para las generaciones venideras, sin ceder ante presiones coyunturales o intereses sectoriales”, establece el informe suscrito por el presidente de la Comisión, Edgardo Feliciano, del Partido Popular Democrático.

Además de Feliciano, el informe negativo fue avalado por el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez; la portavoz alterna del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales; y los representantes del PPD José “Conny” Varela, Héctor Ferrer y Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara.

La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, se abstuvo. Mientras, el representante del Partido Nuevo Progresista Gabriel Rodríguez Aguiló favoreció la extensión.

“En cuanto al plástico de un solo uso, sabemos que es una de las medidas urgentes a tomar ante el problema de contaminación y de enfermedades que provoca el plástico en todo el planeta... estoy tan y tan feliz que no se haya atrasado la puesta en vigor, que comienza a ser efectiva ahora en junio”, indicó Nogales.

La Ley 51 de 2022 prohíbe el uso y venta de plásticos de un solo uso, definidos como el artefacto “vendido y utilizado voluntariamente, tales como los cubiertos, platos y sorbetos de plástico, así como los vasos, tazas y contenedores de alimentos hechos de poliestireno expandido (‘foam’) para su consumo inmediato o para llevar algún alimento sin procesar o procesado”.

El estatuto, firmado el 29 de junio de 2022, establecía un período de dos años para su implantación. En este plazo, las agencias concernidas –los departamentos de Recursos Naturales y Ambientales y de Asuntos del Consumidor– debían “adoptar las reglas y reglamentos necesarios para poner en vigor” la ley, lo que, según surgió de la discusión pública, no se realizó.

De acuerdo con el informe, el plazo de dos años que contempló el estatuto, como período de transición, les concedió a los sectores impactados un margen de “tiempo razonable” para adaptarse a las nuevas disposiciones legales. “Otorgar una prórroga adicional no solo carecería de justificación objetiva, sino que también sentaría un precedente peligroso al fomentar una cultura de complacencia y dilación en el cumplimiento de obligaciones ambientales”, lee el informe de cuatro páginas.

Asimismo, establece que “la crisis ambiental que enfrenta Puerto Rico requiere de medidas enérgicas y decididas, en lugar de concesiones indulgentes que socaven los esfuerzos por alcanzar la sostenibilidad ambiental”.

El Proyecto del Senado 1374, de la autoría de los senadores Albert Torres y Nitza Morán, fue aprobado por este cuerpo legislativo el pasado 18 de abril, al recibir 21 votos a favor.

Mientras, la Cámara aprobó este martes, de forma unánime, un proyecto a los fines de aclarar que la prohibición de los plásticos de un solo uso, dentro de lo dispuesto en la Ley 51 de 2022, no aplicará a farmacias, laboratorios, hospitales o cualquier otra institución –tanto públicas como privadas– que mediante legislación o reglamentación federal se les prohíbe el uso de materiales reusables.

“Es tiempo ya que se implemente la política pública. No se puede seguir postergando”, aseveró el presidente cameral.

“La Ley Núm. 51-2022 no contempla esta realidad y su lenguaje promueve la creencia de que en estas industrias la prohibición de uso de plásticos de un solo uno aplica también. Esta enmienda solo pretende reconocer la excepción a la prohibición a estos sectores”, lee el Proyecto de la Cámara 2131, de la autoría de Hernández.

La medida –que recibió 45 votos– fue atendida por el mecanismo descargue y pasa ahora a la consideración del Senado.

Asimismo, se aprobó el Proyecto de la Cámara 2115, presentado por la representante Estrella Martínez a petición de la joven salinense, de 12 años, Ana Lucía Pérez Escalera. La medida busca que los negocios de alimentos promuevan y permitan a sus clientes llevar consigo utensilios reutilizables para su uso en el establecimiento.

“Lo anterior no se entenderá como una exención a la responsabilidad de los establecimientos para proveer a los clientes los utensilios necesarios, de acuerdo con los alimentos que se vayan a consumir”, lee la pieza legislativa, que busca enmendar el Artículo 4 de la Ley 51 de 2022.