Ante el ultimátum provisto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno de Puerto Rico pidió este martes al organismo más tiempo para proceder en torno la Ley 10 de 2024, que extendió hasta 2030 los parámetros vigentes del programa de medición neta, que compensa a los clientes que producen y exportan energía a la red mediante sus sistemas de generación propios.

En expresiones escritas, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, señaló que la JSF concedió muy poco tiempo al gobierno para contemplar posibles enmiendas al estatuto, que el ente fiscal objeta ya que considera que ata al país a un modelo de compensación sin que medie un estudio del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

“La Aafaf reconoció la voluntad expresada por la Legislatura de entablar discusiones dirigidas a alcanzar consenso, pero dicho proceso no puede completarse en el apretado término de tres días laborables sugeridos en la carta”, subrayó Marrero, en referencia a una comunicación emitida por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, el 2 de mayo.

En esa carta al gobernador Pedro Pierluisi, el presidente senatorial, José Luis Dalmau, y el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, la JSF exigió que, en o antes de hoy, 7 de mayo, se presentara legislación dirigida a enmendar o derogar el estatuto aprobado unánimemente en ambos cuerpos. Asimismo, la Junta reclamó que el proyecto se aprobara para el 30 de junio, cuando concluye la última sesión legislativa del cuatrienio.

De no ocurrir, la JSF advirtió que recurriría al Tribunal Federal para procurar la anulación de la Ley 10.

Marrero, a través del comunicado, precisó que la Aafaf “cursó una comunicación a la Junta en la cual instó a que, en lugar de iniciar un proceso judicial largo y costoso, la Junta le conceda tiempo a la Asamblea Legislativa para considerar sus objeciones, participar en discusiones y abordar cualquier potencial enmienda a la ley de medición neta, a través del proceso legislativo, cuya sesión culmina el 30 de junio de 2024″.

La JSF, por medio de una oficial de prensa, indicó que estaba evaluando la petición de la agencia fiscal del ejecutivo.

“Dado el compromiso del gobernador y su administración con la política pública que favorece las iniciativas de energía renovable, la Aafaf recomendó obtener el insumo de la industria sobre los posibles impactos que podría tener cualquier cambio significativo al programa de medición neta, lo cual permitirá que todas las partes tomen una decisión informada respecto a la Ley 10″, subrayó Marrero.

Organizaciones como la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento –que agrupa a compañías vendedoras de paneles solares– han expresado su repudio a las objeciones de la Ley 10, por entender que genera incertidumbre sobre la industria. Al presente, cerca de 120,000 clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica cuentan con sistemas de generación interconectados, que producen más de 800 megavatios en horario diurno.

Según la JSF, la compensación a clientes de medición neta, que venden su energía a la red al mismo precio que la consumen, puede sobrecargar las tarifas que pagan los abonados sin acceso a estos sistemas, por lo que ha insistido en que el NEPR complete este año un estudio y, de ser necesario, aplique cambios al modelo.

La Ley 17 de 2019, hasta ser enmendada por la Ley 10 de 2024, ordenaba que el análisis concluyera a más tardar el 11 de abril de este año. El presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, dijo recientemente que, pese a la firma de la Ley 10, el estudio –comisionado a una firma externa– debe estar listo para el 30 de junio, si bien, por la incertidumbre con el estatuto, queda en el aire si se utilizaría para promover cambios en la tarifa.