La proyección presupuestaria notificada en pasados días por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la Universidad de Puerto Rico (UPR) supondría un nuevo golpe a la estabilidad financiera de la institución, alertó el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, una apreciación con la que coincidió este jueves Channiel Peñaloza, representante estudiantil graduado en ese cuerpo.

“En comparación con el año fiscal actual, sí hay un recorte de $101 millones porque, de los $101 millones (asignados para el 2023-2024), se dividían en dos pedazos: un dinero estrictamente para el cumplimiento de los hitos, de $58.7 millones, y otra partida, de $43.2 millones, para cubrir el déficit del sistema UPR”, sostuvo Peñaloza, haciendo alusión a partidas que fueron condicionadas por la JSF a que el centro docente cumpliera con determinadas políticas incluidas en su plan fiscal certificado.

En una carta del 3 de mayo, la JSF precisó que la UPR contaría con $1,127 millones en ingresos disponibles para el año fiscal 2024-2025, o cerca de $23 millones menos que los fondos certificados en el presupuesto vigente. Sin embargo, Dalmau Santana advirtió el miércoles, en un comunicado, que la aportación proveniente del gobierno central, de $500.8 millones, “representa una disminución de $101,748,000 con respecto a las aportaciones certificadas en el presupuesto vigente, año fiscal 2023-2024, que alcanzaron los $602,632,000″.

“La Junta de Gobierno solicita a la Junta de Supervisión y Administración Financiera que las aportaciones del gobierno central sean, al menos, equivalentes a las asignadas este año. Estos fondos son indispensables para mantener un presupuesto operacional equilibrado, incluyendo la atención de proyectos críticos de mantenimiento diferido y cumplir con la aportación patronal requerida por los estudios actuariales del Sistema de Retiro de la UPR”, indicó, en su escrito, el presidente de la Junta de Gobierno, que este jueves no estuvo disponible para entrevista.

Si bien los ingresos globales proyectados para el presupuesto universitario no exhiben una diferencia sustancial respecto al año fiscal en curso, Peñaloza resaltó que las partidas adicionales a la asignación directa del gobierno central suelen estar atadas a diversas restricciones en su uso.

El representante estudiantil planteó, a su vez, que la JSF continúa interpretando que los $500 millones provenientes del Estado –por mandato de la Ley 53 de 2021– deben incluir las partidas aprobadas mediante resoluciones conjuntas e ingresos relacionados con las contrataciones por servicios que la UPR provee, en lugar de ser una “asignación base” que se combine con otras fuentes.

Este año fiscal, por ejemplo, la UPR recibió $441 millones para gastos operacionales, de los cuales $170 millones se asignan al Recinto de Río Piedras, lo que, según Peñaloza, deja desprovistas a las unidades más pequeñas.

En ese sentido, Peñaloza señaló que, en las vistas presupuestarias de la Asamblea Legislativa, el presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado, presentó una propuesta que ascendía a $847.5 millones en asignaciones del gobierno central, “entre los cuales incluía el ‘baseline’ de $500 millones”.

“Pero, aparte de eso, se pedían $100 millones para poder cumplir con el plan de retribución y clasificación docente y no docente, $5.5 millones para ayudantías graduadas, $15 millones para la plantilla de profesores, porque muchos cursos no tienen profesores a tiempo completo y tenemos que recurrir a contratos”, dijo Peñaloza.

“La Junta de Control Fiscal parece que está jugando con nosotros y, desde mi perspectiva, no nos estamos entendiendo y está atentando con la educación del país”, subrayó el líder estudiantil, quien hizo un llamado a retomar la antigua fórmula que asignaba a la UPR el 9.6% del presupuesto anual.

La JSF, en su misiva de la semana pasada, pidió al gobierno que presentara su versión del presupuesto de la UPR, a más tardar, el 17 de mayo. Si bien la Junta de Gobierno de la institución académica no tiene una reunión en calendario hasta el 30 de mayo, Peñaloza anticipó que el organismo rector sea convocado de manera extraordinaria, la semana que viene, para atender el presupuesto antes del plazo fijado.

De otra parte, el miembro de la Junta de Gobierno señaló que se mantiene vigente, a través de una certificación del cuerpo, la congelación a los costos de matrícula, luego de una serie de aumentos exigidos por la JSF, que llevaron el precio del crédito subgraduado a $157, mientras que, a nivel graduado, inician en $205.