Washington D.C. - Un panel del Circuito de Apelaciones federales para Washington D. C. validó este viernes, por unanimidad, que el proyecto de dragado de la bahía de San Juan, que expandiría sus canales, cumple con las normas ambientales estadounidenses.

El panel de tres jueces del foro de apelaciones decidió que ni el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) ni el Servicio Nacional de Pesca Marina “actuaron de manera arbitraria o caprichosa en el desempeño de sus responsabilidades de evaluar las preocupaciones ambientales”.

El caso judicial fue elevado al tribunal de apelaciones federal de Washington D. C. por abogados del Center for Biological Diversity, también a nombre de El Puente y la organización CORALations, por entender que USACE no consideró adecuadamente la amplitud de los impactos ambientales del proyecto, cómo afectaría a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos y el potencial daño a especies de coral.

Aunque los demandantes advirtieron que USACE falló en haber considerado el “obvio” impacto de la construcción de una terminal de gas natural licuado que se asocia con el proyecto y sus consecuencias ambientales, el panel de jueces no pasó juicio formal sobre esa denuncia por entender que el asunto no fue planteado inicialmente en la querella administrativa.

“De hecho, la posible construcción de una terminal de gas natural no parecía justificar una consideración detallada debido a la incertidumbre de que la construcción se llevaría a cabo: al momento en que el Cuerpo (de Ingenieros) preparó la evaluación ambiental la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) no había iniciado ninguna solicitud de permiso federal ni solicitado ninguna acción federal relacionada con una posible conversión de gas natural licuado; y la propia AEE enfrentó una posible privatización, quiebra y los efectos debilitantes de dos huracanes”, indicó la jueza Florence Pan, quien escribió la opinión del panel.

Los otros dos jueces que examinaron el caso fueron Justin Walker y Judith Rogers, jueza sénior.

“El dragado en la bahía de San Juan ya está perturbando comunidades y ecosistemas de coral en peligro, y estoy realmente decepcionada de que la decisión del tribunal no haya reconocido la amenaza que representa”, dijo Emily Jeffers, abogada principal del Center for Biological Diversity, al reaccionar a la decisión del foro de apelaciones e indicar que la “masiva infraestructura de gas natural a la que se le da paso socavará el futuro de energía limpia de Puerto Rico en un momento crucial”.

“De principio a fin, el Cuerpo del Ejército no dio a la población local suficiente voz en este proyecto y los funcionarios no analizaron detenidamente los riesgos reales”, agregó Jeffers.

El proyecto de dragado –que puede tomar un año– facilitaría el paso de barcos grandes, como cruceros, buques de carga y petroleros, que actualmente no pueden navegar por el puerto o no pueden hacerlo fácilmente, según la propuesta del USACE.

Al elevar al foro de apelaciones la decisión de un juez federal, los grupos ambientales argumentaron que el dragado “aumentará la contaminación atmosférica y los problemas de salud de la comunidad local, y comprometerá aún más a Puerto Rico a depender de los combustibles fósiles importados”.

Para esas organizaciones, la evaluación ambiental que USACE emitió fue inicialmente muy limitada y que, aunque luego fue ampliada para toda el área de la bahía de San Juan, se hizo solo para analizar operaciones adicionales de dragado.

También, denunciaron que los residentes en las comunidades cercanas no pudieron presentar su posición debido a que el periodo de comentarios públicos se llevó a cabo “durante las secuelas del huracán María”, que azotó la isla en 2017, y la declaración ambiental, al igual que otros documentos claves, no fue traducida al español.

Para el panel de apelaciones, sin embargo, el hecho de que USACE envió cartas en español sobre la evaluación ambiental y proveyó una presentación oral en una reunión pública fue suficiente.

Los demandantes también advirtieron que, inicialmente, el propio Servicio Nacional de Pesca Marina rechazo la posición del USACE de que el proyecto no iba a afectar adversamente corales de la bahía. Pero, luego cambió de posición y emitió una opinión biológica que las especies de coral no estarían amenazadas.

Para el tribunal, la actuación del Servicio Nacional de Pesca Marina no representó un cambio de política pública. “El expediente refleja que se tomaron medidas para abordar las preocupaciones del Servicio y que, por lo tanto, su decisión final de coincidir con el Cuerpo no fue arbitraria ni caprichosa”, escribió la jueza Pan.