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Puerto Rico con deber propio y compartido

En la reanudación de la sesión del Congreso, Puerto Rico tiene que proyectarse unido en un solo frente con determinación, con un compromiso firme de transparencia que recupere su credibilidad lacerada y con la voluntad de generar una agenda propia de desarrollo sostenido.

Con voz contundente, tiene que reclamar también al gobierno estadounidense que cumpla con su parte de responsabilidad hacia los más de tres millones de ciudadanos que residen en la Isla. Esa responsabilidad compartida del gobierno de Estados Unidos con sus ciudadanos en Puerto Rico trasciende los vaivenes partidistas de cada administración federal. Deriva del propio otorgamiento de la ciudadanía en 1917, que ha estado acompañada por la sangre, el sudor y las lágrimas derramados en conflictos bélicos.

Durante esta sesión, entre varios otros asuntos cruciales para la isla, el Senado tiene ante sí una resolución aprobada por la Cámara federal que asigna $81,000 millones en fondos para mitigar desastres, de la que aún no está claro cuánto se asignará a Puerto Rico. El lenguaje de la medida aprobada en diciembre, exige al gobierno local incluir en su plan de recuperación económica -que le tocaría entregar el miércoles para certificación de la Junta de Supervisión Fiscal- metas específicas para áreas como vivienda, salud y energía eléctrica.

Esos requisitos de control, sumados a otras exigencias de la Casa Blanca, no son capricho. Son consecuencia de un largo historial de malversación y deficiencias en el uso de dinero federal. Y acentuados por los desatinos en el manejo del gobierno local ante la emergencia provocada por el huracán María, en particular a partir del cuestionado contrato con la empresa Whitefish. Ya el gobernador Ricardo Rosselló atiende algunas de las demandas federales. Recién envió a la Legislatura el proyecto que crea una estructura y los parámetros que regularán el uso de las ayudas provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia.

Además de los fondos para la reconstrucción, la isla tiene que redoblar esfuerzos para aplazar el abismo fiscal en el sistema de salud que, tan pronto como en marzo, podría dejar de recibir cerca de $1,200 millones que asignaba el Obamacare.

En la lista de asuntos por salvar en la capital federal, queda también insistir en medidas contributivas que ayuden a reactivar la economía.

Cada pedido le impone al gobierno de Puerto Rico la obligación de abrir libros y cumplir a cabalidad con las condiciones que se impongan. Las métricas bien definidas, la transparencia en el uso del dinero y la rendición de cuentas sobre los avances al detalle abonarán a la confianza federal.

Ese reto es mayor ante el cierto grado de indiferencia congresional hacia los asuntos de Puerto Rico. Tal indiferencia, que amenaza con incrementar los niveles de pobreza y de emigración, conlleva educación y presión. En esto, también la diáspora juega un papel determinante.

Obtener estos respiros del gobierno estadounidense dará espacio para que la isla encamine su recuperación. Pero los tiempos muestran que la dependencia exclusiva en la asistencia federal no puede ser más la pieza central o única del plan de desarrollo del país. Puerto Rico necesita generar un nuevo modelo de desarrollo que lo atempere a las nuevas realidades. Necesita producir y exportar. Depender menos de factores sobre los que no tiene injerencia ni control. Los mismos sectores llamados a movilizarse en la capital federal -gobierno, empresarios, comerciantes, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos, diáspora- están llamados a crear en acuerdo ese plan.

Aparte de la responsabilidad de Washington hacia Puerto Rico, urge crear un proyecto que integre con coherencia estrategias de corto, mediano y largo plazo para estimular un desarrollo constante y equilibrado en la isla.

Esas estrategias abarcadoras de las que el plan fiscal debe ser peldaño, tienen una meta inmediata y definitiva: refundar el país.

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