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Proteger los recursos naturales es deber social

Las luchas para proteger el ambiente en el mundo de hoy seguirán exacerbándose y los ataques contra los activistas como la hondureña Berta Cáceres incrementarán mientras las instituciones, y la sociedad misma, no armonicen sus actividades de desarrollo con la naturaleza y el futuro de nuestro planeta.

En Honduras continúa, en medio de incongruencias, el juicio contra los acusados por el asesinato de la dirigente ambientalista Berta Cáceres. Esta líder indígena, asesinada a los 42 años, fue ganadora en 2015 del Premio medioambiental Goldman, conocido como el Nobel en ese campo. Un año más tarde, fue ultimada por su oposición a un proyecto hidroeléctrico que destruiría terrenos, desplazaría poblaciones, y privatizaría ríos y territorios en las tierras ancestrales de su comunidad indígena lenca.

Involucrando a militares y empleados de la corporación encargada del proyecto, el proceso contra los acusados del asesinato se inició a mediados de septiembre de este año. Pero, desde su comienzo se ha visto plagado de irregularidades. Tanto es así que los familiares de Cáceres y organizaciones ambientalistas han descalificado al tribunal considerando que el juicio es una farsa porque los verdaderos autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni acusados.

Mientras, las luchas en Brasil, el más grande pulmón del mundo, cuentan numerosos ambientalistas asesinados. Es muy probable que las tensiones se agudicen con la toma de poder del nuevo presidente Jair Bolsonaro. El político brasileño de extrema derecha ha prometido desmantelar el Ministerio del Medio Ambiente, abrir las reservas forestales amazónicas a los ganaderos y agroindustriales. Además, considera retirar a su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

El presidente brasileño electo coincide en sus polémicas posiciones con el estadounidense Donald Trump. Este último continúa desoyendo las advertencias de los científicos sobre el calentamiento global, facilitando permisos para la explotación minera, petrolífera y de gas, y quebrando desaforadamente el entramado de las regulaciones ambientales de Estados Unidos.

En Puerto Rico, desde el huracán María hemos visto claramente las consecuencias de un desarrollo económico y urbano que durante décadas no ha tomado en consideración las advertencias de la naturaleza, articuladas por expertos científicos.

El gobierno local recién ha apoyado cambios en la zona del karso, que, afortunadamente, la Junta de Planificación denegó; y en julio eliminó sorpresivamente siete reservas naturales protegidas. La polémica por el corte de miles de árboles se suma al conflicto ambiental.

Ese es el cuadro en Puerto Rico, sin contar con que no existe en nuestro país rodeado de agua por todas partes un plan global a largo plazo para enfrentar los inexorables aumentos del nivel del Océano Atlántico y del Mar Caribe, entre otros destrozos que el calentamiento global ya comienza a causar.

Es necesario tener exigencias con el presente de fuerte ofensiva antiambientalista que se abre ante nuestros ojos. Primeramente, en el caso del asesinato de Berta Cáceres en Honduras no puede haber impunidad. Debe aplicarse ejemplarmente el peso de la ley hasta sus últimas consecuencias, sobre todo contra aquellos que ordenaron y planificaron el asesinato.

En nuestro país, las instituciones públicas y privadas tienen el deber de adelantarse aceptando, admitiendo y reaccionando a las conclusiones científicas sobre el daño irreversible que el desarrollo económico concebido como depredación y saqueo ha ocasionado y sigue causando a Puerto Rico y al planeta.

Es un deber insoslayable para cada uno de nosotros asumir con todas nuestras fuerzas la protección de nuestros recursos naturales, fundamento de cualquier pretensión de supervivencia y de bienestar futuros.

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