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Pasos para reconstruir con visión a largo plazo

El plan de reconstrucción que el gobierno de Puerto Rico ha presentado ante el Congreso, aspira a ofrecer una visión programática a largo plazo que canalice de forma ordenada la inversión de hasta $139,000 millones solicitados al gobierno federal con miras a la revitalización de la isla.

Con esta propuesta, preparada con el aval de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el gobierno estatal satisface uno de los requerimientos del Congreso para que Puerto Rico pueda recibir recursos dirigidos a mitigar los daños del huracán María. La solicitud de fondos está contemplada en la ley federal de 2018 que provee asignaciones suplementarias en casos de desastre.

La petición es de $139,000 millones en el escenario más optimista, y de $97,400 millones la cifra más probable. El plan es a 11 años, lapso durante el cual se invertiría la mayor tajada para vivienda y los sistemas de energía y agua. Esa infraestructura ha sido la más impactada por el golpe ciclónico, lo que afecta a toda la población. También se contemplan obras en transportación, telecomunicaciones y los municipios.

Es saludable que en la primera fase, que duraría dos años, la inversión se centre en fortalecer la infraestructura para hacerla resiliente en eventos catastróficos. Los recursos que en paralelo se proponen como estímulo al turismo, el agro y la manufactura, respaldarían a tres sectores de reconocido potencial de desarrollo.

Para la segunda etapa, que abarcaría ocho años, se proponen planes de repoblamiento y reconfiguración de las zonas urbanas, y frenar el éxodo.

En su conjunto, esta inversión ambiciona estimular la actividad económica que, según los indicadores oficiales, bajó en doce por ciento tras el huracán María.

De recibir el visto bueno congresional, la ejecución del plan de reconstrucción puede dar concreción definitiva al plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. La disciplina y la racionalidad de esta hoja de ruta debe ser factor de peso para recuperar la relación de confianza entre Puerto Rico y los mercados de capital, el Congreso y la Casa Blanca.

El prospecto de las asignaciones monetarias es incentivo a la cooperación entre el gobierno estatal y la Junta, en torno a la puesta en vigor del presupuesto del año fiscal 2018–2019. Es, por cierto, alentador que el gobierno haya consignado su disposición a revisar las partidas de discrepancia con la Junta. Ello garantiza la continuidad de los servicios públicos y los ajustes para el cuadre de las finanzas.

Aunque sin resolución definitiva aún, un positivo ambiente de diálogo entre la Junta y el gobierno con acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), con miras a lograr un plan de ajuste de esa deuda, que a diciembre de 2016 era de $17,300 millones. Previo a este acuerdo preliminar, el Banco Gubernamental de Fomento anunció que el acuerdo con sus acreedores está en la etapa final. Hay también entendidospreliminares con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Estas negociaciones prueban que el gobierno y sus acreedores pueden llegar a resolver sus diferencias fuera de los foros judiciales.

Precisamente, el Tribunal de Apelaciones de Boston acaba de fallar en contra de la suspensión automática de litigios incoados por bonistas. Esta decisión aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero es incierto su efecto sobre otras controversias con acreedores.

Estos eventos suponen una agenda de trabajo que incluya la presentación de los estados financieros del gobierno solicitados por el Congreso, así como la puesta en marcha de las reformas estructurales contempladas en el plan fiscal.

Estos pasos son, junto a la inversión masiva en la reconstrucción, las columnas que sostendrán el renacer de Puerto Rico.

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