💬 0

La rectitud es obligación de la institución pública

La Legislatura ha vuelto a colocarse en el centro de cuestionamientos éticos, legales y morales a raíz de las imputaciones hechas contra el representante Ramón Rodríguez Ruiz, las cuales tienen que ser investigadas con toda rigurosidad para beneficio de todos los involucrados y las garantías de saneamiento de la institución pública.

Las pesquisas deben arrojar luz sobre los méritos de las denuncias pues el escándalo que rodea al legislador novoprogresista mina la confianza en el cuerpo legislativo que demasiadas veces ha protagonizado traiciones a la confianza ciudadana.

Independientemente de los resultados investigativos, la Asamblea Legislativa tiene que asegurarse de que afina los procesos y criterios que aseguren al pueblo que sus funcionarios electos asumen los escaños para servir y no para su propio beneficio y complacencia.

Dentro del marco del respeto a la presunción de inocencia que le ampara a Rodríguez Ruiz, las imputaciones en su contra deben ser motivo de análisis y reflexión por parte de las autoridades políticas, legislativas y del propio electorado.

Puerto Rico se juega la ya debilitada credibilidad de sus instituciones cada vez que surgen imputaciones de actos indebidos contra alguno de sus funcionarios. Las acciones atribuidas a Rodríguez Ruiz cubren un amplio y delicado espectro. Es objeto de pesquisas en el Departamento de Justicia y la Cámara de Representantes, por señalamientos que lo vinculan a una escena de violencia de género. La retractación posterior de la supuesta víctima debe ser incluida en el análisis, con la debida protección a la perjudicada. No puede quedar duda alguna sobre los hechos.

Bajo la lupa investigativa hay también imputaciones de que el legislador adjudicó a uno de sus exempleados donativos de campaña de dudosa procedencia. Se le atribuye, además, haber otorgado contratos de empleo con la expectativa de recibir un parte de esos sueldos.

Todos estos asuntos son de la mayor seriedad. De encontrarse responsabilidad, requieren la aplicación de todo el rigor de la ley, en clara manifestación de cero tolerancia a la corrupción.

Como presidente del Partido Nuevo Progresista, el gobernador Ricardo Rosselló ha exigido la renuncia del legislador al escaño cameral. La delegación de la colectividad en la Cámara, liderada por el presidente Carlos “Johnny” Méndez, ha hecho lo mismo.

En caso de que alguna alegación sea probada, las pesquisas deben servir para identificar y corregir lagunas en procesos que hayan facilitado la comisión de los actos. Puerto Rico no puede darse el lujo de pisotear la tambaleante credibilidad que tiene ante sus ciudadanos y observadores del exterior, justo cuando más necesita demostrar que sus instituciones están guiadas con rectitud, rigurosidad en el manejo de los bienes públicos y un compromiso de servicio inquebrantable.

A Rodríguez Ruiz, quien insiste en negar las imputaciones, le asiste el debido proceso de ley. Perola alteración que supone su caso en la agenda legislativa y la atención pública, representa otro campanazo para que todo Puerto Rico reitere con contundencia el mensaje de que no tolera la corrupción. Corresponde a empleados, funcionarios, dirigentes y constituyentes ser vigilantes celosos de la sana administración.

Es hora de aprender -con propósito de enmienda- de un pasado empañado por legisladores y otros funcionarios convictos por abusar de su poder. La corrupción le cuesta al país, viola los derechos de los ciudadanos y le roba esperanzas. Toda figura en posición de liderato es modelo para sus conciudadanos, en particular para los niños y jóvenes. Con sus actos, estos líderes refuerzan acciones de bien o perpetúan la tendencia a validar aquellas que perjudican y comprometen el futuro del país.

Cumplan la Cámara y el Departamento de Justicia con la obligación de despejar toda duda sobre las imputaciones que pesan contra el representante. Y, de confirmarse su responsabilidad en algún acto indebido, cáigale todo el peso de la ley.

💬Ver 0 comentarios