El rechazo del Tribunal Federal a la designación de un Oficial de Reestructuración para la Autoridad de Energía Eléctrica tiene el efecto de colocar en el gobierno puertorriqueño la responsabilidad por la reconstrucción de una red energética de alta eficiencia y competitividad, bajo los más estrictos controles sobre el uso de los dineros y una total apertura a la fiscalización.