Vicente Feliciano

Tribuna invitada

Por Vicente Feliciano
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Ley Jones, miseria para la isla

Esta columna va dedicada a aquellos legisladores que desean cambios en la Ley Jones. Mi petición es aprovechar los poderes locales existentes para brindar transparencia a la industria naviera y limitar la explotación que dicha industria exhibe sobre Puerto Rico.

Durante exiguos 10 días post María se levantó la limitación de la Ley Jones. En tan poco tiempo se llevaron a cabo cerca de una docena de transportes. Según los navieros del estatuto Jones (NAJ), estos operan 25 buques entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Por eso, durante este pequeñísimo período se aumentó la capacidad de transporte hacia Puerto Rico en un 50%.

Aterrorizados por la competencia, los NAJ cabildearon para cerrar la ventana de competencia lo antes posible. Para Houston y para Tampa, azotados por huracanes, una exención del Acta Jones no es un asunto tan crítico porque tienen acceso a mercancía por tierra. En el caso de Puerto Rico, los NAJ añadieron a la miseria de nuestro pueblo.

El huracán María creó mayor demanda de transporte hacia Puerto Rico. Entre los embarques de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Cuerpo de Ingenieros, generadores y agua, había más demanda que lo que los NAJ podían manejar.

El resultado fue un ataponamiento en el puerto de Jacksonville mientras que la Ley impedía traer mercancía de otros puertos norteamericanos usando marina mercante internacional.

Socios de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos han llegado a tener 1,700 vagones atrasados. Hay empresas que se les atrasaron entre cuatro a seis semanas mercancía crítica, como los aires acondicionados para remplazar los destruidos por el huracán María. Hay quienes recibieron mercancía de Halloween en noviembre.

Los NAJ alegan que el material eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica no se atrasó como resultado del Acta Jones porque le dieron prioridad a esta carga. Sin embargo, dar prioridad es una admisión implícita de que otro tipo de cargamento se atrasó. El Acta Jones le otorgó el poder a los NAJ de decidir qué empresa recibía mercancía a tiempo y quién no.

Mi petición a los legisladores es que se tome acción en dos frentes. Lo primero es la transparencia. Se le debe ordenar a los NAJ proveer información financiera y operacional al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a este último publicarla. Los NAJ reclaman que como política pública necesitan protección gubernamental de la competencia, por lo que la publicación de sus estadísticas debe ser condición necesaria para evaluar dicha política pública.

Otras industrias, por distintos motivos, tienen su información pública. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras publica las ganancias de la banca comercial ($193 millones en 2016) y el detalle por institución. Además, publica información como el número de préstamos realizados y las tasas de interés a quefueron otorgados. Medicare publica los estados financieros de los hospitales y el número de procedimientos que realizan, entre otros datos.

Debido a la gran demanda de transporte post María y a la prohibición a la competencia, los NAJ están teniendo ganancias obscenas a cuenta de las vicisitudes de la isla. Se debe legislar una contribución especial de 15% sobre las ganancias del sector. Estas ganancias se deben, no a eficiencia, sino a su labor de cabildeo para limitar la competencia. De esta forma, el país recupera parte del sobreprecio que paga en transportación marítima.

La ruta hacia la eliminación de la Ley es larga. Es tiempo de zarpar.

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