Epifanio Jiménez

Tribuna Invitada

Por Epifanio Jiménez
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A procurar respuesta adecuada en la emergencia futura

Ha terminado la temporada de huracanes con el peor de los escenarios jamás vividos históricamente en Puerto Rico.

Sin embargo, es el momento ideal para aprovechar este escenario, evaluarlo y lograr críticas de entendidos y experimentadas personas en manejo de emergencias. La idea es que ese conocimiento que sea utilizados para encaminar enmiendas legislativas, como eliminar la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (Aemead) y Administración de Desastres del Departamento de Seguridad Pública (DSP), cuyo objetivo desde su creación es combatir el crimen, tráfico de drogas y la corrupción. Se debe considerar nuevamente la Ley 211, hoy derogada. Ese estatuto creó la Aemead y fue confeccionado sabiamente. por conocedores de Puerto Rico y de Estados Unidos.

El ejecutivo tiene también la responsabilidad de confirmar que todos los jefes de agencia conozcan, dominen y sepan ejecutar como agencias primarias o de apoyo ante cualquier emergencia. 

Entendemos, además, que el ejecutivo tiene la obligación y deber ministerial de considerer la evaluación y actuación de los responsables del colapso del plan, ya sea por desconocimiento, omisión o la negligencia que produjo el desastre experimentado tras el paso de María.

En New Orleans, Katrina fue un ejemplo claro en el que, luego del desastre, funcionarios fueron llevados a los tribunales de justicia, por inacción o actuación negligente en relación al desastre de ese huracán. Algunos fueron encontrados culpables y sentenciados a cárcel.  Entonces, el gobierno comenzó inmediatamente una evaluación responsable para corregir las normas y reglamentos de códigos en New Orleans.  Se procedió a la orientación ciudadana y las penalidades correspondientes a todos los niveles.  Todo esto se realizó cuando todavía estaban en la etapa de recuperación y mitigación.

¿Qué esperamos en Puerto Rico?

En la isla, la Aemead, a tenor con la Ley 211, derogada mediante la que creó el DSP, señalaba los recursos y las responsabilidades de corregir con las agencias del ejecutivo, como se hizo después de Georges, atendiendo las causas del desatre, las enmiendas a la planificación, las actuaciones violatorias inter agenciales y, muy importante, las penalidades.

Por eso, con educación ciudadana e institucional se debe promover una cultura de huracanes ante el daño vivido tras María y la historia de más de cien ciclones en Puerto Rico, cuatro de ellos entre el 1989 y 1998 (Hugo, Marilyn, Hortense y Georges). 

Hay que educar y advertir sobre posibles desastres futuros con emergencias ciclónicas, sísmicas y grandes inundaciones por lluvias, marejadas ciclónicas, huracanes o un terremoto y  tsunami.

Por ausencia de orientaciones preparatorias, confección de planes domésticos familiares, actividades escolares preventivas como simulacros y la no inclusión del sector privado y organizaciones eclesiásticas, comunitarias o sin fines de lucro, en estas iniciativas, hay exposición a riesgos graves. Sin embargo, todavía se subestiman iniciativas antes de la temporada de huracanes, así como los pronósticos climatológicos.

Ha sido lamentable que medidas en anejos del Plan Catastrófico y Plan Estal de Emergencia del gobierno y el sector privado no fueron activados antes, durante y después de los ciclones Irma y María.

Posterior al impacto, lamentablemente hubo muchos actos de improvisación, el enemigo principal del manejo de emergencias.

Por eso, personal de FEMA, según el director nacional, tuvieron que participar en la respuesta en la isla, siendo una agencia totalmente coordinadora. Ocurrió ante la falta de respuesta estatal, que incurrió en el contrato entre Bronce Star y AEE y el gobierno con Whitefish, entre otros.

Esta improvisación afectó las etapas de respuesta, recuperación y mitigación al igual que la inconsistencia con el nombramiento del Government Authorize Representative Guard, afectando la imagen del gobierno y la recuperación ante la ayuda de los Estados Unidos por crear desconfianza.

Sin embargo, la designación del “Dual Status Commander” al igual que en New Orleans ante el colapso del gobierno estatal frente al evento catastrófico fue una efectiva y necesaria decisión en términos operacionales y en la proyección de credibilidad de Puerto Rico ante los Estados Unidos.

Ante esta experiencia, el ejecutivo y el legislativo deben presentar proyectos de mitigación para evitar que ante una emergencia similar futura tengamos los mismos resultados catastróficos.

Un buen paso debe ser excluir la Aemead del DSP, como hemos dicho, ubicando la agencia adscrita a la Oficina del Gobernador como históricamente fue bajo la Ley 211 o en su lugar adscrita al Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 

El director de Aemead debe ser designado como siempre lo fue por el gobernador y confirmado por el Senado. Este funcionario debe ser un administrador experimentado para lograr lo que antes se comenzó en relación a profesionalizar el manejo de emergencias a todos los niveles, igual que en los Estados Unidos. 

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