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Leonardo Aldridge. (GFR Media)

La Asociación de Fiscales de Puerto Rico expresó hoy su apoyo a la radicación de un cargo por obstrucción a la justicia contra el abogado Leonardo Aldridge y defendió la labor de los fiscales que investigaron la escena relacionada a la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena el pasado 21 de septiembre, en Santurce.

La presidenta de la organización, Jessika Correa González, hizo hincapié en la responsabilidad que tiene los fiscales de proteger rigurosamente una escena criminal ante cualquier intervención indebida en su manejo o con potenciales testigos, con el propósito de escalecer los eventos ocurridos y llevar a los responsables ante la Justicia.

“Es nuestro deber procurar que las decisiones que tomemos en el ejercicio de nuestras funciones estén fundamentadas en el derecho vigente. A esos efectos, reconocemos el derecho de todo sospechosos de delito a estar debidamente representando por un abogado. Así como la facultad de cualquier abogado a representar a un cliente sin que el estado le imponga límites o restricciones”, señaló.

Correa González insistió que el éxito del caso en los tribunales dependerá de su rigurosidad e integridad.

“Por esta razón, nos solidarizamos con la determinación del Departamento de Justicia en responsabilizar criminalmente a todo aquel que, de alguna manera, interfiera con tan importante gestión del Ministerio Público”, añadió.

Las declaraciones surgen en respuesta al Center for Constitutional Rights (CCR), entidad que condenó ayer la acción del Departamento de Justicia contra el abogado.

Según la prueba presentada por las fiscales Lis López y Jennifer Cancio, Aldridge llegó de manera desafiante a la escena donde las autoridades recopilaban evidencia y realizaban entrevistas como parte de la investigación por la muerte de Cotto Cartagena.

Por su parte, el CRR calificó la radicación del cargo como “malicioso e injusto” y expresaron su preocupación por la manera que las autoridades “interfirieron de manera ilegal” con el derecho de una persona a tener acceso y consultar a un abogado.

“Las acciones del gobierno enviaron un claro mensaje deque los derechos constitucionales de sus ciudadanos ya no forman la base de los principios que deben navegar, sino que son un mero inconveniente que las fuerzas de ley y orden pueden anular a su conveniencia", señaló el CCR en declaraciones escritas.

La jueza Nidia del Carmen Ríos Jiménez, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto contra Aldridge y citó el juicio para el 5 de noviembre.


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