Edgardo Arlequín Vélez, quien fue sentenciado el 17 de diciembre de 2015, permanecía en arresto domiciliario y bajo supervisión electrónica. (Archivo / GFR Media) (semisquare-x3)
Edgardo Arlequín Vélez, quien fue sentenciado el 17 de diciembre de 2015, permanecía en arresto domiciliario y bajo supervisión electrónica. (Archivo / GFR Media)

El Tribunal de Apelaciones (TA) revocó hoy, miércoles, el fallo por el delito de corrupción contenido en la Ley de Ética Gubernamental contra el exalcalde popular de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, por el que estaba sentenciado a cuatro años de cárcel, pero mantuvo el fallo de culpabilidad por el delito de acoso sexual, por el que se le impuso una pena de seis meses de cárcel. 

Arlequín Vélez, quien fue sentenciado el 17 de diciembre de 2015, permanecía en arresto domiciliario y bajo supervisión electrónica como condiciones de la conmutación de la pena que le otorgó el exgobernador Alejandro García Padilla antes de abandonar La Fortaleza. Antes de eso, el TA también le había concedido fianza en apelación, por lo que estaba en su hogar desde antes del indulto concedido en diciembre de 2015. 

El efecto de la revocación del TA es que Arlequín Vélez puede recuperar su libertad plena y no estar restricto en arresto domiciliario y la desaparición de esa convicción de su récord. La Apelación fue revisada por el Panel VIII de la región judicial de Ponce, compuesta por los jueces Abelardo Bermúdez Torres, Luis R. Piñero González y Roberto Sánchez Ramos, quien fue el juez ponente.

En la sentencia, los jueces del TA señalan que durante el juicio no se presentó prueba que demostrara que con los actos de acoso sexual cometidos por Arlequín Vélez contra una subalterna suya se configurara el delito de corrupción según está definido en la Ley de Ética Gubernamental del 2012. 

El Artículo 4.2(b), de las prohibiciones contenidas en la Ley de Ética, establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por la ley”.

Según interpretó el panel de jueces, ese “beneficio” tiene que ser de tipo económico y no un favor sexual, que a juicio de los togados sería uno de “carácter abstracto”.  

“El delito de corrupción no comprende beneficios de carácter abstracto, es decir, beneficios de índole emocional, sentimental, espiritual, mental, síquico, estético o de similar clase”, menciona la sentencia emitida el 26 de septiembre de 2017.

“En este caso no hubo prueba de que el apelante (Arlequín Vélez) recibiera, o intentase, recibir algún beneficio o ventaja de carácter económico concreto u objetivo. En vez, a lo sumo, lo que se intentó probar fue que el apelante intentó recibir favores sexuales de la empleada”, añade la sentencia. 

Los jueces del TA determinaron que no hubo prueba de ese delito de corrupción contemplado en la Ley de Ética y señalan que “concluir lo contrario desvirtuaría el propósito claro de la ley-combatir la corrupción- y, además, se suscitarían serios problemas constitucionales al avalarse una interpretación sumamente vaga, ambigua y elástica del término ‘beneficio’, lo cual, a su vez, se prestaría para que se aplique de forma arbitraria o discriminatoria”. 

La sentencia insiste, además, en “que aun de entenderse (erróneamente, según expuesto arriba) que intentar obtener un favor sexual es un ‘beneficio’ en el contexto del referido delito, de todas maneras, estaríamos ante un caso en el cual no había prueba suficiente para que el juzgador de los hechos concluyera, más allá de duda razonable, que el apelante (Arlequín Vélez) utilizó ‘los deberes y las facultades de su cargo’ o la ‘propiedad o los fondos públicos’, con el fin de procurarse dicho beneficio”.

“Al contrario, un repaso de la prueba pertinente lo que arroja es que la conducta oficial en controversia es objetivamente razonable, apropiada y correcta, sin que existiese prueba alguna que permitiese inferir que dicha conducta oficial ocurrió con el fin de que el apelante obtuviera algún favor sexual”. 

El panel de jueces concluyó que de la prueba desfilada no se desprende, por ejemplo, que el puesto de la empleada estuviera en riesgo al negarse a las solicitudes del exalcalde.


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