Natalie Jaresko (centro) dijo que ha sostenido múltiples reuniones en Washington, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado federal, incluyendo un encuentro con el presidente del comité de Medios y Arbitrios del Congreso, Peter Roskam. (horizontal-x3)
Natalie Jaresko (centro) dijo que ha sostenido múltiples reuniones en Washington, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado federal, incluyendo un encuentro con el presidente del comité de Medios y Arbitrios del Congreso, Peter Roskam. (Ramón Tonito Zayas)

En momentos en que la discusión de la reforma contributiva federal entra en una etapa decisiva, el gobierno de Puerto Rico no pudo precisar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) si las estrategias que impulsa en Washington son similares a las que promueve la comisionada residente Jennifer González y el liderato legislativo de Puerto Rico.

El gobierno tampoco ofreció nuevos datos al ente federal acerca del impacto que tendría la reforma contributiva en el fisco puertorriqueño y por ende, en el proceso de confección de un nuevo plan fiscal para Puerto Rico.

Sin embargo, ambas piezas de información parecen ser críticas para la JSF. Ello, porque el presidente de la JSF, la directora ejecutiva, Natalie Jaresko y otros directivos del organismo federal, revelaron esta semana que han sostenido conversaciones con el liderato congresional y senatorial estadounidense en el tema.

“Puedo decir que hablé directamente con la oficina del speaker (Paul Ryan) y otro miembro de la Junta, el señor García, estuvo en la conversación. Expresamos nuestra preocupación y el potencial impacto a la economía de Puerto Rico”, reveló Carrión luego de que concluyera la undécima reunión pública de la JSF celebrada el martes en la ciudad de Nueva York.

Carrión dijo que preguntó por las medidas que tendría el liderato congresional para atender las preocupaciones de la JSF, el gobierno local y la comunidad de negocios en la isla, pero no precisó qué respuesta, si alguna, recibió de la oficina de Ryan.

Asimismo, Jaresko dijo que ha sostenido múltiples reuniones en Washington, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado federal, incluyendo un encuentro con el presidente del comité de Medios y Arbitrios del Congreso, Peter Roskam (Illinois). 

Según Jaresko, en sus encuentros en el Congreso ha insistido en que lo que se apruebe no termine “penalizando” las empresas que operan en Puerto Rico, particularmente en las secciones 4303 y 4301 de la propuesta aprobada en el Congreso y ahora en conferencia.

Mientras, la directivo de la JSF, Ana Matosantos, indicó que la JSF envió una carta al Congreso sobre el tema.

Dos visiones en un mismo gobierno

La JSF ha respaldado los esfuerzos del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la capital federal. 

La Fortaleza, particularmente a través de su estratega Manny Ortiz y en conjunto con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), ha articulado una estrategia de cabildeo que se centra en excluir a Puerto Rico de los nuevos impuestos que aplicarán a operaciones foráneas bajo el nuevo código tributario federal.

En contraste, según ha revelado El Nuevo Día, González -quien es la figura que representa a Puerto Rico en la legislatura federal- ha planteado la necesidad de crear un proceso de transición para las corporaciones foráneas controladas (CFCs), las que llevarían el peor golpe con la reforma contributiva propuesta. Esto, para que estas compañías se conviertan en domésticas proveyéndoles incentivos particulares por creación de empleos e investigación. 

Los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez han cerrado filas con la propuesta de González y este fin semana, en el Capitolio, Rivera Schatz y Méndez encabezarán una sesión especial en el tema a la que invitaron a González y Rosselló Nevares.

El proyecto de reforma contributiva federal entra en un proceso de conferencia, luego de que la Cámara baja estadounidense y el Senado federal aprobaran, respectivamente, negociar las diferencias en el proyecto de ley que supone la principal promesa de campaña del partido Republicano.

Bajo ese nuevo marco tributario y entre otras cosas, multinacionales como Eli Lilly, Apple o Walmart ya no pagarán impuestos al Servicio Rentas Internas federal (IRS, en inglés) por los ingresos que devenguen fuera de territorio estadounidense. Y aquellas multinacionales estadounidenses que permanezcan operando en su sede verán una reducción de casi la mitad de su obligación contributiva.

Para fines contributivos, Puerto Rico es una jurisdicción foránea o internacional.

A la fecha, no obstante, el gobierno ni la comisionada residente, que se sepa, han divulgado el lenguaje específico que se presentaría para enmendar la reforma contributiva federal en ese proceso de negociación y así evitar, lo que según expertos, tendría un impacto nocivo a la economía de la isla.

Impacto más allá de la manufactura

El pasado martes, el secretario auxiliar de Rentas Internas, Francisco Parés, compareció ante la JSF llevando consigo una carta que envió el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado. En esta, se señala que el gobierno centra sus esfuerzos en evitar que la reforma contributiva “erosione” la base contributiva de Puerto Rico y en proteger y acrecer la base industrial de la isla. Ello, en términos simples, implicaría eximir a las CFCs en la isla, de las nuevas contribuciones federales.

En su alocución, Parés no ofreció estimados adicionales del impacto de la propuesta reforma contributiva federal al fisco, salvo repetir que estaría en juego, aproximadamente una tercera parte de los recaudos del fisco.

“Ese riesgo solamente considera el impacto directo del sector industrial. No considera todos los impactos indirectos que también podría tener (la reforma contributiva federal) en otras industrias”, dijo Parés.

“Puerto Rico va a tener que hacer una introspección y un análisis de su sistema contributivo actual porque hay otros niveles de preocupación con respecto a la reforma contributiva de Estados Unidos. Por ejemplo, la reducción del régimen de tasas corporativas”, indicó Parés.

Explicó que en el caso del sector comercial, si se consuma la reducción de la tasa corporativa de 35% a 25%, estas empresas podrían cambiar sus modelos de transferencia de precios para mover ganancias de Puerto Rico a Estados Unidos pues tributarán a una tasa más baja.

La comisionada puede hablar por sí misma

Sin embargo, cuando en la reunión del martes, el directivo de la JSF, Carlos M. García, pidió a Parés detalles específicos de la posición de Rosselló Nevares y que explicara las diferencias, si existen, entre esa iniciativa y la que impulsa González, el representante del gobierno, Christian Sobrino, le sugirió a García que le preguntara a la comisionada residente.

“No creo que el acercamiento de la comisionada residente sea diferente al del gobernador. Todo lo que queremos es que se trate a Puerto Rico justamente”, dijo Parés.

García indicó que puede haber una meta en común entre Rosselló Nevares y González, pero dijo que no parece haber “un lenguaje común” que permita tener “una sola voz” en el Congreso.

Parés contestó que el Departamento de Hacienda ha compartido “lenguaje” con González para presentarse en el proceso de conferencia de la legislación federal.

“Si me lo permite. La comisionada residente es una oficial electa y ella puede hablar por sí misma en cualquier momento. El señor Parés está cualificado para hablar acerca de la posición de Hacienda”, replicó Sobrino a García, al interrumpir la alocución de Parés. 

Sobrino agregó que para ser “justo” con Parés, que se le dejara contestar los asuntos vinculados “a Hacienda y al gobierno de Puerto Rico” y que se le dejara espacio a la comisionada residente, como oficial electa, para que hable por sí misma.

El cabildeo de la Junta

De inmediato, como si se tratara de un interrogatorio en un juicio, Sobrino preguntó a Parés si conocía las firmas Off Hill Strategies y Munger, Tolles & Olson. Ambas firmas ofrecen servicios de cabildeo a la JSF.

Durante semanas, según fuentes de El Nuevo Día, la JSF ha abogado por fortalecer sus poderes bajo la ley federal Promesa y en el contexto de las asignaciones millonarias que vendrían a la isla para los trabajos de recuperación tras el embate del huracán María.

Sobrino preguntó a Parés si ejecutivos de las firmas de cabildeo que abogan por la JSF en Washington se habían reunido con funcionarios de Hacienda para el tema de la reforma contributiva federal. A ello, el secretario auxiliar de Hacienda contestó que no tenía conocimiento.

Fue en ese momento que Sobrino cuestionó para qué la JSF utiliza fondos públicos en firmas de cabildeo y pidió saber “qué mensaje” están llevando estas firmas de cabildeo acerca de Puerto Rico sin el conocimiento del pueblo. 

El abogado solicitó un memorando en el que se explique qué están haciendo las firmas de cabildeo contratadas por la JSF, a lo que el organismo federal accedió.


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