La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez dijo a la jueza Laura Taylor Swain que la ley federal que se aprobó de manera bipartita hace poco más de un año es constitucional porque no viola la separación de poderes en el gobierno federal. (semisquare-x3)
La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez dijo a la jueza Laura Taylor Swain que la ley federal que se aprobó de manera bipartita hace poco más de un año es constitucional porque no viola la separación de poderes en el gobierno federal. (Teresa Canino)

El Procurador General de Estados Unidos ha defendido esta noche la constitucionalidad de la ley federal Promesa, señalando -entre otras cosas- que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es un organismo creado por el Congreso de los Estados Unidos, la figura que rige la gobernanza de los territorios estadounidenses.

En un memorando de derecho de unas 46 páginas, la abogada especial Jean Lin, así como la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, dijeron a la jueza Laura Taylor Swain, que la ley federal que se aprobó de manera bipartita hace poco más de un año es constitucional porque no viola la separación de poderes en el gobierno federal y porque la JSF es una entidad territorial y sus integrantes no actúan como oficiales del gobierno de Estados Unidos.

“En última instancia, la relación entre la JSF y el gobierno federal se entiende mejor en términos del estatus de Puerto Rico como un territorio y la autoridad plenaria del Congreso sobre este bajo la cláusula territorial”, reza el memorando de Justicia federal también refrendado por el fiscal general auxiliar Thomas G. Ward, así como Jennifer D. Ricketts y Christopher R. Hall, directora y director auxiliar de Programas Federales, respectivamente.

Celebra la Junta

“Le damos la bienvenida a los argumentos legales del Procurador General de Estados Unidos en apoyo de PROMESA y la constitucionalidad de la Junta”, indicó en declaraciones escritas, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

“PROMESA fue creada por el Congreso para darle a Puerto Rico las herramientas para enfrentar su insostenible situación financiera y establecer un camino hacia la recuperación económica. La devastación de los huracanes María e Irma hace más importante que nunca el tener un proceso ordenado para restablecer las finanzas de la Isla, proveer supervisión y aumentar la confianza entre residentes y negocios mientras se mantiene un trato equitativo con los acreedores”, agregó Jaresko.

La controversia

La defensa del Departamento de Justicia federal a la constitucionalidad de Promesa es la respuesta del gobierno estadounidense a la demanda que el fondo de inversiones Aurelius Capital, tenedor de bonos del gobierno de Puerto Rico radicó el pasado 7 de agosto. Entonces, Aurelius pidió a la corte federal desestimar el proceso de bancarrota que inició la JSF a nombre del gobierno puertorriqueño a través del Título III de Promesa.

Aurelius alega que tanto el plan fiscal aprobado por la JSF como el proceso de ajuste de deudas que busca Puerto Rico es nulo porque el organismo que controla las finanzas públicas de la isla es ilegítimo, pues el proceso que se utilizó para nombrar a sus integrantes es contrario a la cláusula de nombramientos contenida en la Constitución estadounidense. Cuando se aprobó Promesa, se determinó que los integrantes de la JSF fueran nombrados por el presidente de Estados Unidos de una terna de candidatos propuestos por el liderato congresional y senatorial federal.  Los nombramientos entraron en vigor sin pasar por el proceso de consentimiento del Senado federal, lo que según Aurelius es inconstitucional, pues los integrantes de la JSF actúan como oficiales federales.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) radicó una demanda similar, por lo que el ministerio público federal dijo a Swain que los argumentos en favor de Promesa también aplican a ese proceso adversativo.

La crisis y la condición territorial

Según el memorando de derecho, el proceso de selección y nombramiento de los integrantes de la JSF respondió no solo al poder del Congreso sobre Puerto Rico sino a la urgencia de atender de la severa crisis económica que experimenta la isla, lo que requería de un proceso “expedito” para atender la situación.

“El Congreso concluyó que la mejor manera para que Puerto Rico estabilice su economía es teniendo una entidad temporera dentro del gobierno territorial que pueda supervisar y colaborar con el gobierno territorial existente en el área de administración financiera, de manera muy parecida a cuando creó la junta de control de (Washington) D.C. dentro del gobierno del Distrito de Columbia para atender la crisis financiera del distrito en los 1990”, reza el memorando de la procuradoría general.

La descripción de la JSF como una entidad del gobierno de Puerto Rico apunta a una contradicción en la formulación de política pública por parte del Congreso en el caso de Promesa y Puerto Rico. Ello, porque aunque en Promesa se indica que la JSF es una entidad del gobierno territorial, también señala que el organismo no estará sujeto a las leyes de Puerto Rico.

Al refutar los diversos argumentos de Aurelius a lo establecido en Promesa, la procuradoría general dijo que los oficiales de la JSF están obligados a rendir informes al presidente de los Estados Unidos, de la misma forma en que los gobernadores de Puerto Rico han estado obligados a procesos similares de presentación de informes desde la aprobación de la ley federal Jones.

Mientras, el Procurador también alegó que no sería la primera vez en que el Congreso establece los métodos para el nombramiento de oficiales “territoriales” sin que ello implique una “intrusión” a los poderes presidenciales.

Promesa se aprobó hace poco más de un año para proveer al territorio estadounidense un mecanismo para renegociar unos $74,000 millones en bonos. Ello, habida cuenta que el territorio estadounidense, no tiene acceso al capítulo 9 del Código de Quiebras federal, que permite a municipios y condados renegociar sus obligaciones.

Tras la radicación de la demanda de Aurelius y la UTIER, el Procurador General tenía hasta este miércoles, 6 de diciembre para presentar su argumentación.


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