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En la foto, María Milagros Charbonier en un careo con el representante popular Luis Vega Ramos. (Xavier J. Araújo Berríos)

Entre las múltiples enmiendas presentadas por La Fortaleza al propuesto nuevo Código Civil se encuentran las razones por las cuales un padre o una madre podrían ser privados de la patria potestad de su hijo o hijos ya sea de manera restringida o suspendida.

Los cambios son introducidos en el artículo 233 y la Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante novoprogresista María Milagros Charbonier, decidió acoger los cambios, pero la discusión del documento de sobre 1,000 páginas ha sido aplazada hasta enero.

En el proyecto original se limitaban las causales para la suspensión de la patria potestad a cinco: incapacidad o ausencia declarada judicialmente; enfermedad que le impida al progenitor ejercer sus deberes y facultades en torno a su hijo; encarcelación y condena por delitos que no conllevan la privación irreversible de la patria potestad; y cualquier causa que amenace la integridad física y emocional del hijo.

Con el cambio introducido por La Fortaleza se busca que se reconozca dentro del Código Civil el lenguaje sobre ese tema contenido en la nueva Ley de Adopción.

Al tratarse de una ley especial, esta tiene primacía sobre el Código Civil.

Por patria potestad, se conoce la potestad que tienen los padres sobre los hijos que aún no están emancipados.

Los cambios incluidos por La Fortaleza son mucho más específicos y abarcadores. Por ejemplo, establece como causa para privar de la patria potestad permitir que otra persona incurra en daño mental, emocional y moral del menor, no supervisar su educación y desarrollo no proveer de forma "adecuada" alimentos, ropa, albergue, educación o cuidados de salud, ya sea con medios propios o del Estado.

Dispone que no se privará de la patria potestad a una persona debido a la práctica legítima de sus creencias religiosas, pero permite que el tribunal dispondrá de "remedio adecuados" y "según convenga a la salud del menor" cuando no se brinden, por estas creencias religiosas, servicios de salud.

Otras razones para privar la patria potestad incluyen no aportar “una cantidad razonable para la manutención del menor”, incurrir en abandono voluntario del menor, explotar al menor con fines de lucro o incurrir en conducta que podría ser tipificada criminalmente como maltrato o negligencia, asesinato u homicidio, incumplimiento con la obligación alimentaria, abandono, secuestro, privación ilegal de custodia, agresión sexual, actos lascivos, entre otros delitos.

El Nuevo Día conversó recientemente como el representante Luis Vega Ramos, portavoz popular en la Comisión de los Jurídico de la Cámara de Representantes, quien compartió sus preocupaciones sobre el texto del propuesto Código Civil. Este es el documento legal más importante después de la Constitución del Estado Libre Asociado, pues rige las relaciones entre miembros de la sociedad.

Entre otras cosas, denunció que mantiene asuntos polémicos, ya sea por falta de precisión de su lenguaje o por su contenido, en asuntos como el matrimonio y la procreación asistida. Además, abre la puerta a que bienes de dominio público sean cedidos al sector privado, según alertó.

La mayoría de sus denuncias no fueron atendidas con las enmiendas de La Fortaleza.

Vega Ramos destacó que, si bien se limitan las causales de divorcio a sólo dos: ruptura irreparable y divorcio por consentimiento, el contenido del artículo 441 -según él- permite que en el caso de ruptura irreparable el tribunal evalúe “los motivos” e incluso pueda rechazar la petición de divorcio.

“La esencia de estas causales es proteger la intimidad del matrimonio y su disolución”, dijo Vega Ramos.

Criticó, además, que se mantenga el lenguaje que tiene que ver con personalidad y capacidad (artículo 69), donde se establece que el concebido “se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables”.

“Eso es un lenguaje confuso y tiene el potencial de abrir una caja de Pandora”, manifestó Vega Ramos.

Varios grupos han denunciado que ese lenguaje pretende vulnerar el derecho jurisprudencial al aborto.

Sí se eliminó del borrador inicialmente propuesto el artículo 120 en el que se establecían las razones para que el padre de una criatura por nacer, los familiares inmediatos de una mujer embarazada “o cualquier otra parte con interés” podían solicitar a un tribunal una declaración de incapacidad mental.

El Código Civil propuesto prohíbe la procreación asistida (artículo 75) en la medida en que su texto lee: “el ser humano no puede ser objeto de contratación privada”. También proscribe, atendiendo una petición de religiosos que participaron en las vistas públicas, la procreación asistida póstuma (artículo 1,614).

“Eso es sumamente peligroso”, dijo Vega Ramos, quien recordó que en la isla no hay una ley que regule la procreación asistida.

Vega Ramos trajo a colación otro punto de posible controversia en los artículos 246, 247 y 248. Por un lado, declara bienes públicos patrimonio del pueblo los que tengan un valor histórico, ecológico, cultural, documental o bibliográfico, pero luego recuerda que el gobierno o los municipios podrán operar de forma privativa y temporal un bien de dominio público.

“Es una nueva ley de alianzas público privadas por el carril exclusivo. Pudieran concesionarse las Cavernas de Camuy”, señaló Vega Ramos al recordar que la Oficina de Preservación Histórica no compareció a una citación de la Comisión de lo Jurídico, que evaluó el proyecto.

Otro artículo “peligroso”, según Vega Ramos, es el 1,599. En su texto se dispone que cuando varias personas causan daños por culpa o negligencia, cada cual responderá económicamente por el grado de culpa que le asigne el tribunal. Vega Ramos dijo que el texto suena “bonito”, pero recordó que en la actualidad el demandado con más recursos económicos o con seguro, paga por los daños y luego demanda a los otros codemandados para reclamar sus partes.

“Eso va a colocar en posición de indefensión al más débil. El que sufre el daño es el más débil en la ecuación y tendría que ir uno a uno contra cada demandado reclamando el pago”, dijo el representante popular.

De otra parte, Vega Ramos calificó como “una barbaridad” el artículo 542 que dispone las responsabilidades de las sociedades de bienes gananciales. Se establece, en casos en que no se han firmado capitulaciones, que los costos la alimentación y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges serán sufragados por ambos pero que, de disolverse la unión matrimonial, una de las partes podrá reclamarle a la otra un reintegro por la cantidad pagada.

“En caso de divorcio, la persona que no era padre o madre tiene derecho a un crédito por lo que la sociedad aportó. Eso es una barbaridad”, sostuvo Vega Ramos.


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