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“En Europa, la tendencia es a proteger la confidencialidad de la información para que ahora no se publique en Facebook u otras redes sociales“,Teresita Fuentes, secretaria de Hacienda. (GFR Media)

La secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, se opuso ayer a que el gobierno divulgue los acuerdos finales –y otros pactos similares– suscritos con empresas o individuos, por entender que la información de los contribuyentes debe ser protegida.

“Hay que tirar una línea entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información”, dijo Fuentes cuando El Nuevo Día le preguntó acerca del fallo emitido por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra de la agencia.

El pasado martes, la jueza Lauracelis Roques Arroyo dio al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a Fuentes cinco días para que entreguen a la organización de transparencia Espacios Abiertos el informe sobre los acuerdos contributivos que Puerto Rico ha pactado a lo largo de los años. Este reporte fue preparado por Hacienda para cumplir con una de las disposiciones de la ley Promesa.

Específicamente, el estatuto federal ordenó al gobierno puertorriqueño preparar un informe acerca de los acuerdos tributarios que ha pactado para que lo remitiera a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En agosto pasado, la JSF confirmó a Espacios Abiertos que había recibido el informe en cuestión. Acto seguido, Espacios Abiertos pidió al gobierno copia del informe, pero no se le concedió, lo que provocó que la organización acudiera al foro judicial con un recurso de mandamus.

Según Fuentes, un acuerdo contributivo es un contrato entre dos partes y, en ese sentido, revelar su contenido implica violentar aspectos que pueden estar cobijados por leyes de confidencialidad o propiedad intelectual, como sería el caso de acuerdos vinculados con el uso de intangibles.

“Estamos minando la confianza de un inversionista al requerir ese tipo de información”, indicó Fuentes.

Puerto Rico otorga miles de millones de dólares en créditos y tratamientos especiales tanto a corporaciones como individuos. De igual forma, el gobierno puertorriqueño subsidia decenas de actividades privadas en la isla al eximirles del pago de impuestos. Ese es el caso de las cooperativas, los hospitales, las iglesias, universidades y otras instituciones educativas.

Sin embargo, el gobierno nunca contabiliza, en su presupuesto, cuántos recaudos deja de recibir el erario por favorecer esas actividades, lo que en el argot fiscal se conoce como gasto tributario.

Fuentes favorece que Puerto Rico divulgue cuánto cuesta al erario incentivar la actividad empresarial y medir el rendimiento de la inversión que realiza el Estado cuando otorga decretos contributivos o llega a acuerdos finales. Pero indicó que divulgar los términos de tales acuerdos o la forma en que se llegó a los pactos, podría afectar adversamente las empresas que los suscriben.

“Si se otorga un decreto por un negocio de exportación y eso se divulga, un competidor puede sacar información de ahí”, expuso Fuentes.

“En Europa, la tendencia es a proteger la confidencialidad de la información para que ahora no se publique en Facebook u otras redes sociales, y nosotros estamos tratando de hacer lo contrario”, destacó Fuentes.

El gobernador, por voz de su asesor legal, Fernando Orona, indicó que apelarán el fallo de la corte a favor de Espacios Abiertos.


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