Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

 (horizontal-x3)
Los jueces nombrados antes del 1 de julio de 2014, fecha de la última enmienda al Sistema de Retiro de la Judicatura, reciben un aumento de un 3% en su pensión cada tres años. (Archivo/GFR Media)

No se trata de una discusión nueva. Pero, en tiempos de austeridad, aflora nuevamente el debate sobre la brecha que existe entre la pensión que recibe un juez retirado y la de un empleado público.

La demanda federal radicada recientemente por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura para evitar que se toquen sus pensiones, según lo contempla el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), añadió leña al fuego.

La pensión promedio de un exjuez asciende a $5,110 mensuales o $61,320 anuales, mientras que un jubilado raso recibe $1,050 cada mes o $12,600 al año, un ingreso que roza el nivel de pobreza, según los estándares del Departamento de Salud federal.

Para atender esta disparidad, el representante popular Carlos Bianchi presentó recientemente –y por segunda vez en menos de cuatro años– una medida para limitar la práctica privada de la abogacía de los exjueces del Tribunal Supremo a trabajos en la academia, asesoramiento jurídico o la notaría.

Pese a que no lo dice explícitamente, el proyecto –que se encuentra ante la Comisión cameral de Sistemas de Retiro y sin fecha para vistas públicas– intenta evitar que un juez jubilado cobre su pensión cuando también puede litigar casos en los tribunales.

En entrevista con El Nuevo Día, el ahora representante de minoría explicó que radicó el Proyecto de la Cámara 921 por segunda ocasión movido por preocupaciones éticas y como una propuesta de equidad en momentos de crisis.

Planteó que los ex jueces presidentes y asociados del Supremo, quienes actualmente pueden litigar casos en los tribunales, gozan de una pensión superior a la que reciben los empleados públicos o los jueces de menor jerarquía, precisamente, para garantizar su independencia de criterio y sus inquietudes de retiro.

Nueve exjueces reciben una pensión de retiro, cuyo promedio alcanza los $11,158 mensuales o $133,896 anuales, según datos que ofreció Dagmar Santiago, directora de la Oficina de Servicio al Participante de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura.

Los jueces nombrados antes del 1 de julio de 2014, fecha de la última enmienda al Sistema de Retiro de la Judicatura, reciben un aumento de un 3% en su pensión cada tres años.

Al morir, su cónyuge recibe el 60% de la pensión y también le aplican las alzas trienales.

Después de la enmienda del 2014, la pensión no se hereda, pero el juez jubilado puede optar por el mecanismo de traspaso, que consiste en separar un porcentaje de su pensión para sus herederos.

Para apoyar su medida, Bianchi resaltó que la presencia de los exjueces en las salas judiciales como abogados litigantes podría crear una percepción de “impropiedad” o de “conflicto de interés”, porque estarían litigando frente a colegas cuyos dictámenes habían revisado o pidiéndoles que resuelvan a base de jurisprudencia establecida por sus propias decisiones cuando ocupaban unasilla en el altoforo.

La crisis fiscal amerita que se tomen medidas. Muchas de ellas están trastocando los sistemas de retiro de los servidores públicos, pero hay una negativa de la judicatura a que se toque su retiro”, apuntó Bianchi.

Ante el colapso de las finanzas públicas y la insolvencia del sistema de retiro de los empleados públicos, la JSF aprobó un plan fiscal que contempla un recorte progresivo en todas las pensiones mayores de $2,000 mensuales.

Pero en la demanda que presentó en el foro federal, la Asociación de Juristas impugna este recorte e invoca la garantía constitucional de sus pensiones, citando el caso Brau v. ELA, que estableció que toda enmienda al retiro de los jueces solo se aplicará de manera prospectiva y sin afectar a los que están en funciones, como una forma de velar por la independencia judicial.

Rechazan la medida

El proyecto de ley que radicó nuevamente el representante popular encontró ese mismo rechazo. Los ex jueces presidentes José Andreu García y Federico Hernández Denton argumentaron que la propuesta de Bianchi usurparía la facultad del Supremo de regular el ejercicio de la abogacía y discriminaría contra los exjueces jubilados de la curia al imponerles una norma que no aplicaría a otros, jubilados de tribunales de menor jerarquía.

También cuestionaron que se les quiera despojar de una pensión a la cual contribuyeron y que se considera parte de su compensación.

Los jueces aportan a la pensión entre un 10% y un 12% de su salario, mientras que la aportación patronal asciende a un 30.34%.

“La pensión de los jueces en Puerto Rico es de estirpe constitucional. El Artículo V de nuestra Constitución no impone limitación alguna al disfrute de la misma una vez el juez seha jubilado”, afirmó Andreu García.

“Contrario a legisladores y alcaldes, a quienes se les exige muy pocos años de servicio para disfrutar de su pensión, los jueces del Tribunal Supremo, al igual que los demás jueces, tienen que cumplir con un mínimo de 20 años en el servicio público de los cuales 10 tienen que ser en la Judicatura y de esos, ocho en el Supremo”, agregó.

Para Hernández Denton, la medida constituye un desaforo legislativo.

“Este proyecto, de un golpe, lo que quiere hacer es desaforar a personas que le dedicaron muchos años de su vida al Supremo. Es muy injusto y creo que es inconstitucional”, afirmó.

Aseguró que el proyecto parte de premisas equivocadas, porque no consigna los cambios que ha sufrido el sistema de retiro de la judicatura.

Ya las pensiones de los jueces jubilados no alcanzan el 100% de su salario, ni se heredan. La última jueza en gozar de ese beneficio será Anabelle Rodríguez, quien cumplirá 70 años, la edad de jubilación, a finales de 2020. Los jueces nombrados después de 2007 se retirarán con el 75% del salario devengado o bajo un esquema de retiro híbrido.

La medida también subestima a los jueces y juezas de primera instancia, según la licenciada y profesora de Ética en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Mayté Rivera Rodríguez.

“En cierto modo, subestima a los jueces y juezas de instancia, pues parece partir de la premisa de que ningún juez o jueza podrá ver un caso de forma imparcial si quien postula en su sala es un exjuez o exjueza del Tribunal Supremo”, apuntó.

Señaló que el proyecto falla al contener una prohibición absoluta y excesivamente amplia.

Mencionó que no se puede comparar el potencial conflicto ético que representaría que un juez jubilado del Supremo postule ante un magistrado que antes fungió como su oficial jurídico, a que lo haga ante un juez con el que nunca tuvo relación. Las condiciones tampoco son iguales, dijo la profesora, para un exjuez del Supremo que se retira y se da un “tiempo de enfriamiento” para luego comenzar a litigar, que aquel que llega al tribunal como abogado en un corto plazo tras su jubilación.

Rivera Rodríguez recordó que el canon 20 de Ética Judicial regula el mecanismo de inhibición, que puede invocarse cuando un juez no puede ver el caso con imparcialidad porque alberga prejuicio o parcialidad hacia una de las partes.

Favorecen la medida

El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera, y el abogado constitucionalista Carlos Ramos González favorecieron la medida porque, a su juicio, trae al debate público una discusión necesaria que consideran que mejoraría la percepción pública de la judicatura.

“Eliminar la apariencia de conflicto no inhabilita a ese exjuez para que se desempeñe en otras facetas del ejercicio de la profesión. Por lo tanto, no es un desaforo legislativo. Es una limitación en cuanto a determinado tipo de práctica”, afirmó Torres Rivera.

Rechazó los reparos constitucionales con la medida al afirmar “que el Estado tiene perfecto derecho a establecer un balance desde el punto de vista de lo que es el interés público y el interés personal”.

Para Ramos González, la medida y la propia demanda que presentaron los jueces promueven un debate viejo, pero necesario, particularmente cuando se discuten recortes en el contexto de la crisis fiscal, la austeridad impuesta por la JSF y la ley PROMESA.

Explicó que la cuantía de la pensión de los jueces del Supremo se fijó bajo el entendido de que no tuviesen necesidad de litigar y para evitar la apariencia de que se ejercía una autoridad indebida sobre jueces y juezas sobre los cuales habían tenido un poder de supervisión.

Pero la decisión de algunos exjueces de no limitarse en la práctica de la profesión generó un debate, luego de que el ex juez presidente Andreu García renunció al cargo y, poco tiempo después, estableció una exitosa práctica en la cual litigó casos contra el Estado o el interés público, como la demanda por los marbetes de lujo y la representación de una empresa que planeaba construir un complejo hotelero enel balneario de Carolina.

La polémica retornó cuando el ex juez presidente Hernández Denton intervino en el polémico caso del extinto banco Doral contra el gobierno de Puerto Rico por un disputado reintegro de $230 millones.

Ramos González argumentó que la radicación de la medida provee el foro para discutir el asunto en el contexto de la crisis fiscal y de los amplios poderes de la JSF, que no tiene que ceñirse a las leyes o jurisprudencia del Supremo de Puerto Rico.

Si se va a imponer un recorte a las pensiones, aunque uno esté de acuerdo con las decisiones de la junta de control fiscal, la imposición debe ser para todos y todas”, sentenció.


💬Ver 0 comentarios