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Actualmente solo 0.7% de la población en Puerto Rico tiene licencia de cannabis medicinal. (horizontal-x3)
Actualmente solo 0.7% de la población en Puerto Rico tiene licencia de cannabis medicinal. (GFR Media)

Desde el año pasado, el cannabis medicinal se convirtió en su aliado para apaciguar la ansiedad severa y depresión que padece desde hace años por situaciones personales , incluyendo la muerte de su hija. Por eso, Sarahí -quien pidió ser identificada solo por su nombre- no sintió ningún temor cuando la compañía que la llamó días atrás para reclutarla le solicitó una prueba de dopaje como uno de los requisitos iniciales del trabajo.

“Fui confiada (a la prueba de dopaje) porque entendía que la ley me protegía. Por eso, me estuvo raro que pasaran los días y no me llamaran”, dijo la mujer de 32 años residente en el área metro.

Tras llamar insistentemente a la mujer que la entrevistó, Sarahí supo que haber dado positivo al dopaje fue la razón para que no se le considerara.

“Le dije, ‘¿cómo va a ser, si la Ley 42 (2017) me protege?’, pero ella me dijo que lamentablemente ellos no creen en el cannabis como medicina”, expresó la mujer, quien dijo haberse sentido “atacada” por la respuesta de la compañía para la cual había trabajado previamente sin problemas.

La situación que vivió Sarahí es la misma que parecen confrontar otros pacientes de cannabis medicinal en el país, cuyo uso está aprobado en la isla hace casi tres años, cuando el entonces gobernador Alejandro García Padilla firmó una orden ejecutiva que viabilizaba el uso medicinal de algunas o todas las sustancias controladas o componentes derivados de la planta del cannabis.

“Hemos tenido pacientes que, cuando el patrono se entera (que el empleado usa cannabis medicinal) o toma represalias o lamentablemente los amedrenta y les dice que los puede sacar del puesto si no suspenden el tratamiento”, dijo el licenciado Goodwin Aldarondo Jiménez, presidente de Puerto Rico Legal Marijuana.

A pesar de que la orden ejecutiva de García Padilla dio paso a la aprobación del Reglamento 8766 para el Uso, Posesión, Cultivo, Manufactura, Fabricación, Dispensación, Distribución e Investigación del Cannabis Medicinal (aprobado en julio de 2016 y enmendado en noviembre de 2016) y a la Ley 42 que impulsó en julio del año pasado el gobernador Ricardo Rosselló, el panorama que rodea a los empleados bajo este tratamiento es confuso pues parece estar sujeto a la interpretación que le quiera dar cada patrono.

Abogados laborales y expertos en recursos humanos sostienen que, a nivel estatal, la Ley 42 otorga cierta protección, no así en la esfera federal, donde el cannabis sigue siendo prohibido por ser una sustancia ilegal, salvo en algunos estados en los que se ha legislado para permitirlo.

“La Ley 42 establece el marco legal, pero no incluye ningún aspecto de empleo. Eso es un problema severo”, dijo el abogado Reinaldo Figueroa Matos, miembro de la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos.

Expertos en el tema han denunciado que el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, no se ha expresado sobre este particular, dejando un espacio en blanco peligroso para estos pacientes. El titular no contestó una petición de este diario el jueves y el viernes para que se manifestara sobre las aparentes dificultades que enfrentan estos pacientes en sus trabajos. El exsecretario del Trabajo, el actual juez Vance Thomas, emitió una opinión en el 2015 en la que sostuvo que los patronos no pueden tomar una decisión adversa contra empleados autorizados a usar cannabis medicinal.

Mientras, más personas diariamente solicitan entrar a este tratamiento. Datos del Departamento de Salud advierten que hasta el pasado 6 de abril había 22,035 pacientes autorizados para el uso de cannabis medicinal en el país, en su mayoría (57%) varones entre las edades de 31 y 40 años (21,83%), seguido del sector de 51 a 60 años (18.59%), 21 a 30 (17.55%) y 41 a 50 (17.07%). Estos son pacientes en edades hábiles para el trabajo.

Y, aunque actualmente solo 0.7% de la población tiene licencia de cannabis medicinal, cuando Rosselló aprobó la Ley 42 anunció que el banco potencial de personas que podrían beneficiarse de este tratamiento rondaba los 250,000.

Impera el desconocimiento

En enero de este año el secretario de Justicia federal, Jeff Sessions, derogó una norma bajo la presidencia de Barack Obama que impedía a fiscales federales procesar crímenes de cannabis en estados que legalizaron su uso medicinal o recreacional.

Rosselló, no obstante, se opuso a esta determinación, que catalogó de “un retroceso provocado por el desconocimiento”.

Según el exsecretario del Trabajo Víctor Rivera, urge que en Puerto Rico se cree un estado de derecho que guíe a patronos públicos y privados sobre qué hacer con empleados que estén bajo este tratamiento. Aseguró que estos trabajadores estarán en desventaja cuando se sometan a pruebas de dopaje.

“Es un área gris y si no (se legisla) algunas consecuencias podrían ser desde medidas disciplinarias hasta despidos”, sostuvo.

Bajo la administración de García Padilla, se creó una orden ejecutiva que excluyó la marihuana del Programa para la Detección de Sustancias Controladas de las agencias y corporaciones públicas.

Mayra Maldonado, quien dirigió el proyecto de cannabis medicinal bajo la pasada administración, comentó que empleados que estén en este tratamiento y ocupen “posiciones sensitivas” podrían pedirles a sus patronos un acomodo razonable.

“No se pueden tomar decisiones adversas sobre un empleado autorizado a cannabis medicinal que dé positivo (a pruebas de dopaje)”, puntualizó.

Wanda Piña, de The Human Factor Consulting Group, dijo que, a falta de guías claras, las empresas lo han tomado “caso a caso”.

“Lo importante es tener conocimiento amplio (del cannabis medicinal) y que sepan los riesgos y cómo manejarlos para que cada organización pueda hacer su ‘assessment’ (evaluación)”, señaló.

El abogado Reynaldo Quintana, del bufete Baerga & Quintana, explicó que un empleado autorizado al uso de cannabis medicinal que dé positivo a pruebas de dopaje no debe ser referido a un proceso de rehabilitación. Indicó que esto traería una “controversia novel” hasta la fecha no vista.

El licenciado Antonio Quilichini, director de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, informó que el Artículo 90 del Reglamento 8766 “no autoriza a pacientes cualificados a utilizar o consumir cannabis medicinal en sus trabajos, a menos que el patrono lo autorice”.

“Se están haciendo acercamientos al Departamento del Trabajo y a la Legislatura (para que se expresen sobre este tema)”, dijo.

El 1 de marzo, Rosselló anunció que se iniciaba la creación de un nuevo reglamento para esta industria, pero expertos en el tema sostienen que el documento no aborda las dificultades laborales que enfrentan pacientes.

“No tenemos detalles del procedimiento legal ni en la etapa en la que se encuentran. Entendemos que se está trabajando y que en las próximas semanas lo darán a conocer”, informó Eric Perlloni, portavoz de prensa de Salud, al ser abordado sobre si habrían vistas públicas o cómo sería el proceso.

Hay varias piezas legislativas (Proyecto de la Cámara 1197 y Proyecto del Senado 878) que buscan darles protecciones a empleados de este tratamiento, pero se encuentran en etapas iniciales.

En Estados Unidos, hay al menos 11 estados que protegen a empleados que usan cannabis medicinal. Estos estados son Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nueva York, Pennsylvania y Rhode Island.

Faltan protecciones

Para Ingrid Schmidt, presidenta de la Asociación de Cannabis Medicinal, apremia que existan protecciones hacia estos pacientes, particularmente a los que forman parte de la fuerza laboral.

“Un reglamento no incide sobre una ley. Recomendamos que se haga explícita la protección a pacientes debidamente autorizados”, resaltó al comentar que el cannabis medicinal puede ayudar a que personas en este tratamiento puedan insertarse en el trabajo o empresarismo.

Aldarondo Jiménez explicó que la Ley 42 prevalece si choca con otra ley estatal, aunque reconoció que no habría protección para empleados de agencias federales. Denunció que Salud no tiene personal suficiente para regular el manejo de esta industria.

“Reconocemos la labor de los inspectores, que están dando multas y haciendo inspecciones, pero no dan abasto. Esta es una industria muy regulada pero ¿quién la está regulando?”, dijo al comentar que desde hace más de 45 días su empresa tiene 50 solicitudes de licencias de pacientes detenidas en Salud.

El Nuevo Día supo que las licencias de cultivo de cannabis medicinal permanecen cerradas, acción que se tomó desde noviembre de 2016, cuando se entendió que las certificaciones aprobadas eran suficientes para la demanda estimada. La convocatoria para los dispensarios sí está abierta para todos los municipios.

El viernes, Salud dejó sin efecto una moratoria para renovación de licencias a raíz del huracán María. Los titulares de estas licencias tendrán 30 días para renovarlas.

La abogada Nani Marchand Sánchez, del bufete Ferraiuoli, resaltó que las leyes laborales del país suelen darles grandes garantías a los empleados.

“La realidad es que ya hay miles de pacientes que forman parte de la fuerza laboral y tenemos que atender este tema. El lienzo está vacío”, dijo al puntualizar que un paciente bajo este tratamiento, bien manejado, no debe presentar deterioro ocupacional.

Mientras, Figueroa Matos, del bufette McConnell Valdés, exhortó a que se armonicen los intereses de empleados y patronos.

“Hay que hacer esfuerzos para no discriminar y dar acomodo siempre que no se afecte la seguridad del lugar de trabajo”, dijo al insistir que la protección debe venir de una ley.


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