De izquierda a derecha, Pedro de Jesús Román, asesor legal del DTOP, y Luis Alberto Sanchez, Vicepresidente de Operaciones de Peaje de la compañía Gila, LLC. (Especial GFR Media / Gabriella Báez) (semisquare-x3)
De izquierda a derecha, Pedro de Jesús Román, asesor legal del DTOP, y Luis Alberto Sanchez, Vicepresidente de Operaciones de Peaje de la compañía Gila, LLC. (Especial GFR Media / Gabriella Báez)

Mientras que el gobierno pondera eliminar el contrato con GILA ante las irregularidades de la administración de las multas del sistema AutoExpreso, el vicepresidente de operaciones de la compañía, Luis Alberto Sánchez, reconoció hoy que la empresa sabía de antemano sobre las deficiencias de la emisión de infracciones a los conductores una vez se aprobó el contrato en el 2015.

Bajo juramento durante una vista pública en el salón Severo Colberg del Capitolio ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, Sánchez expresó que cuando GILA comenzó operaciones se conocía que el modelo de emisión de multas en los peajes estaba a punto de quedar obsoleto y había que cambiarlo.

“Sabíamos que el sistema daba un chispito más”, dijo Sánchez a preguntas del representante Gabriel Rodríguez Aguilo, portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara sobre por qué no se tomó acción de inmediato para actualizar el proceso.

Sánchez agregó que en marzo de 2017 se entregó a la Autoridad de Carreteras y Transportación (DTOP) un documento de diseño enfocado en darle visibilidad a los conductores de las notificaciones de multas.

La misiva tardó más de un año en recibir el visto bueno de DTOP, exactamente en junio de 2018. Sin embargo, una vez se aprobaron las mejoras recomendadas, Sánchez indicó que no se ha podido realizar una reunión con la agencia gubernamental ni con Metropistas, dependencia privada a cargo de las operaciones de las PR-22 y PR-5 en el norte de la isla, para poner en acción los planes.

Después de las declaraciones, el asesor legal del DTOP Pedro De Jesús Román, en representación del secretario Carlos Contreras, intervino para refutar que, a pesar de la falta de comunicación con GILA, ambos sí han trabajado de la mano para el mejoramiento de los servicios.

Sobre cuánto tardaría en realizarse las mejoras, Sánchez puso un estimado de un año.

“Una casa no se construye en un día”, precisó.

Durante la vista, el presidente de la Comisión, José “Memo” González Mercado, insistió en que Sánchez admitiera que cobra por los servicios que presta para la emisión de multas de AutoExpreso. Sánchez se mantuvo firme en sostener que él ni GILA reciben incentivos por otorgar infracciones, reconociendo que el sistema funciona adecuadamente pero que la fórmula que se utiliza hay que cambiarla.

“Esta Asamblea Legislativa lo que está buscando es arreglar esto. Yo quisiera que las multas no existieran. El problema no son las multas es que se está haciendo mal. Si ustedes fueran eficientes en el trámite de estas multas no estuviéramos discutiendo esto. Simplemente es que lo que le decimos es que usted no puede ir por ahí, en los medios, a llenarse de que no cobra por las multas porque es parte de su proceso. Usted no cobra un incentivo por multar a la gente pero usted es el responsable de enviar las multas, que muchas de ellas son frívolas y falsas”, señaló González Mercado.

GILA tendrá cinco días para entregar la totalidad de los documentos del contrato que, según Sánchez, está valorado en unos $15 millones, a la Comisión.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunciará el próximo lunes lo que considera será la "solución" al problema de AutoExpreso.

Sobre la Resolución de la Cámara 385 para establecer centro de servicios al cliente temporeros en las regiones de la Isla para evitar el flujo de trámites de multas en el Centro Gubernamental Minillas, De Jesús Román acertó la iniciativa y enumeró 14 Centros de Servicios al Conductor (CESCO) que estarían disponibles para agregar la asistencia.

Los pueblos disponibles serían Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Utuado, Carolina, Humacao, Vieques, Caguas, Ponce y Fajardo.


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