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Expertos dijeron que la decisión es un intento por cambiar la cultura en el manejo de los fondos públicos. En la foto, legisladores en la Cámara. (GFR Media/Archivo)

La creación de proyectos o fondos especiales, sin precisar de dónde saldrán los ingresos que lo costearán, es una de las prácticas que, por décadas, ha abonado a los déficit presupuestarios que distintas administraciones resolvieron tomando dinero prestado, lo que fue elevando la deuda del país a niveles impagables.

Por eso, la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de frenar el jueves dos proyectos que no contaban con fuentes claras de ingresos, es un intento por cambiar la cultura en el manejo de los fondos públicos en Puerto Rico, de modo que haya más prudencia en la asignación de fondos, coincidieron ayer expertos en política y administración pública.

“Nos acostumbramos a esa forma de trabajar sin identificar los recursos y sin tener criterios claros de a quién se le puede dar el dinero y por qué”, expresó Mario Negrón Portillo, profesor jubilado de administración pública.

“La acción de la Junta fue prudente porque, aun en el caso de que se pueda identificar una fuente de ingresos después, la realidad es que la carencia de fondos en el gobierno es tanta, que no creo que se pueda lograr recibir todo el dinero suficiente para cubrir las otras necesidades”, dijo, por su parte, el analista político Domingo Emanuelli.

Fueron dos las medidas rechazadas por la JSF el jueves. Una proponía la creación de un nuevo programa en contra de las drogas y armas en las escuelas públicas. El problema de esta iniciativa, según el presidente de la JSF, José B. Carrión, en una carta, es que es inconsistente con el Plan Fiscal vigente porque no está en la programación de ingresos y gastos del gobierno.

La otra iniciativa buscaba crear un fondo de $100 millones para repartirlo entre los municipios que hayan experimentado pérdidas asociadas con la catástrofe causada por el huracán María. Esta iniciativa tampoco tenía una fuente específica de ingresos más allá de una orden que se le daba al secretario de Hacienda, para que buscara el dinero en partidas del fondo general.

La JSF también criticó el mecanismo aprobado para la repartición del dinero por parte de la Asamblea Legislativa, por no tener criterios claros que aten los desembolsos a las necesidades de efectivo de los ayuntamientos.


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