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"La inmensa mayoría" de estas renuncias son de telecomunicadores. (GFR Media)

El 20% de la matrícula del Sistema de Emergencias 9-1-1 ha renunciado en lo que va de año, denunció esta tarde Aramis Cruz Domínguez, vicepresidente de la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones, que agrupa a empleados de este sistema de emergencias.

Según Cruz Domínguez, "la inmensa mayoría" de estas renuncias son de telecomunicadores.

"Esto, poniendo en riesgo la vida y propiedad de los ciudadanos pues no hay personal suficiente para atender el volumen de llamadas y las necesidades operacionales del 9-1-1", dijo en un comunicado de prensa.

Añadió que "esto es un problema serio que al día de hoy no ha sido atendido por la actual administración. Mientras siguen desangrando el sistema de emergencias 9-1-1 usando los fondos para pagar vehículos de lujo, asignarlo para otros Negociados y en clara violación de las instrucciones de la Federal Communications Commission (FCC), el Sistema continúa a la deriva”.

Este escenario no es nuevo dentro en la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), en el que se han reportado renuncias en masa en la Policía, además de la falta crónica de personal en el Negociado de Ciencias Forenses y en el Cuerpo de Bomberos.

Cruz Domínguez indicó, además, que en abril el comisionado de la FCC, Michael O’Reilly, le exigió al gobernador Ricardo Rosselló que utilizara los fondos 9-1-1 para garantizar que haya equipo y personal suficiente y listo para atender las emergencias pues durante los pasados años se desviaron millones hacia el fondo general.

“Toda esta crisis en el 9-1-1 se ha acrecentado luego de que la Ley 26-2017 eliminó ilegalmente los beneficios de los trabajadores del Negociado. Esto, pese que la propia Junta de Supervisión Fiscal, por escrito, dijo que las medidas de austeridad no le aplican al Negociado pues sus fondos son regulados por la Ley Federal de Telecomunicaciones", sostuvo.

El líder sindical indicó que el Proyecto de la Ssenado 1059 de Henry Neumann y José Vargas Vidot, y que está pendiente para la sesión que inicia en enero, aseguraría que los fondos 9-1-1 no se desvíen para otros propósitos no autorizados por la Ley Federal y reinstalaría el convenio colectivo en su totalidad para los empleados sin tener que acudir a los tribunales. 

“Nosotros esperamos que se apruebe este proyecto y que se detenga el éxodo masivo de empleados muchos de ellos con más de 15 años de experiencia. Es hora de que se atiendan los problemas del Negociado que desde que formó parte del DSP han ido en picada. También nos unimos al reclamo de otros sectores para que se elimine el DSP pues la decisión del gobierno de experimentar con la seguridad del país ha fracasado y el Pueblo no aguanta esta crisis más,” sentenció Cruz Domínguez.


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