La fiscal Ines Carrau (der.), en representación del Departamento de Justicia, indicó que todos los delitos de corrupción deben estar exentos de ese beneficio. (horizontal-x3)
La fiscal Ines Carrau (der.), en representación del Departamento de Justicia, indicó que todos los delitos de corrupción deben estar exentos de ese beneficio. (Juan Luis Martínez Pérez)

El Departamento de Justicia y la Oficina de Etica Gubernamental coincidieron hoy en que cualquier persona convicta de un delito grave contra la función pública no debería gozar del beneficio de una sentencia suspendida, esto en el contexto de la discusión de un proyecto de administración que busca crear lo que se conoce como el Código Anticorrupción de Puerto Rico.

Como parte de la discusión de la pieza legislativa, ante la consideración de las comisiones de Relaciones Federales (Senado) y Gobierno (Cámara de Representantes), la fiscal Inés Carrau y Zulma Rosario, en representación de Justicia y la OEG, respectivamente, plantearon, a preguntas del senador Miguel Romero, que todos los delitos de corrupción deben estar exentos de ese beneficio. 

“Si no le ponemos unas cortapisas en cuanto al tipo de sentencia que le imponen a estos perpetradores de lo que es la fe pública, es bien difícil disuadir que cometan estos actos porque la voz se corre muy rápido”, dijo Rosario Vega en una vista en el salón Leopoldo Figueroa.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente planteó en una ponencia lo mismo: que todo convicto por delito grave contra la función pública no se pueda beneficiar de la sentencia suspendida o una probatoria.

Este proyecto de ley, conocido como el Código Anticorrupción de Puerto Rico, establece que no se podrá hostigar, discriminar, despedir, amenazar o suspender algún beneficio derecho o protección a personas que provea información, coopere o sirva de testigo en una investigación, lo que se conoce en inglés como un Whistleblower. Tampoco podrán ser amenazados, despedidos ni se podrán modificar sus condiciones de trabajo o compensación. 

Establece la medida, que también protege a empleados de confianza, que cualquier convicto por este tipo de represalia se expone a una pena de tres años de cárcel o una multa de hasta $5,000. Además, faculta a la víctima a entablar una acción civil contra la persona para reclamar compensación por daños, angustias mentales y el triple de los salarios devengados. 

“Los envían a Siberia o sencillamente los botan”, dijo Rosario Vega,  directora de la OEG, al recordar instancias en que testigos de casos, ahogados en llanto, le notificaron sobre represalias tomadas en su contra por cooperar en investigaciones. En el caos de los empleados de confianza perseguidos por cooperar con investigaciones, dijo que “sienten mucho temor porque los tilden de desleales cuando la lealtad es con el pueblo de Puerto Rico”.

En cuanto a los contratos, el proyecto prohíbe que cualquier convicto de violar la Ley de Etica Gubernamental, cualquier delito del Código Penal o cualquier delito que implique mal uso de fondos públicos o propiedadpública, podrá contratar con el gobierno por espacio de 10 años.

Aunque Rosario Vega se expresó a favor del proyecto, alertó que cada abogado en la OEG trabaja alrededor de 150 casos cada uno. 

“Eso es inhumano, pero no tenemos la capacidad de traer más gente, aunque las necesitamos”, dijo. “En vez de quitarnos dinero, nos deben dar más dinero. La lucha anticorrupción no se puede llevar si no tenemos la capacidad económica para reclutar”.

La pieza legislativa también ordena la creación de un Registro de Personas Convictas por Corrupción. El documento será público e incluirá a personas encontradas culpable de violar estatutos relacionados a la gestión pública en el Código Penal, además de la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno y Ley de Etica Gubernamental. También aparecerán en el registro personas privadas convictas en el foro federal  o local por corrupción si figuraron como coautores en el esquema ilegal junto a funcionarios.

De otra parte, el proyecto enmienda el Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales (ASG) para disponer que sea necesario utilizar el mecanismo de subasta pública cuando el monto de la compra exceda $195,000.

El senador independentista Juan Dalmau advirtió que la suma la considera muy alta y que el proyecto autoriza al administrador de la ASG a modificar esa cantidad mínima cada cierto tiempo. 

“Creo que eso obraría en contra de la mejor fiscalización del uso de fondos públicos”, dijo.

Rosario Vega coincidió en su apreciación, pero dijo que esa cuantía mínima debe ser establecida por reglamentos de cada municipio, corporación pública o agencia.


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