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(Ramón “Tonito” Zayas)

Pocos imaginaban en enero pasado que el año que culmina hoy traería consigo tantos eventos trascendentales para el país, que lo dejarían económicamente peor que el año anterior y en un mayor deterioro que el de los pasados 12 años, según economistas entrevistados por Negocios.

Uno de esos eventos que marcó el 2017 y que quedará para la historia fue la solicitud de quiebra en el mes de mayo que sometió el gobierno de Puerto Rico a través del Título III de la ley federal PROMESA. Para entendidos en la materia, dicha acción no se podía posponer por más tiempo, puesto que era imperativo que el gobierno reestructurara su deuda, que superaba los $70,000 millones. “Para cuando llegó la quiebra del gobierno de Puerto Rico, era evidente que el proceso era inevitable”, opinó el economista Vicente Feliciano, presidente de la firma Advantage Business Consulting. La jueza Laura Taylor Swain fue designada para presidir el caso de Puerto Rico.

Por su parte, José Caraballo Cueto, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y presidente de la Asociación de Economistas, recordó que la quiebra de las obligaciones generales del gobierno (conocidas como GO’s por sus siglas en inglés) es hasta ahora la más grande registrada en el mercado de bonos municipales de EE.UU.

Otro evento que ocurrió por vez primera este año fue la aprobación del presupuesto gubernamental por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Ese requisito forzó a que se le diera marcha atrás a medidas legisladas, tales como el ajuste a la pensión de los policías, mencionó Feliciano. Sin embargo, María echó al traste el plan fiscal y al finalizar el presente año se está en el proceso de preparar uno nuevo.

Además de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, se acogieron al Título III de PROMESA la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Sistema de Retiro de Empleados de Gobierno y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). La JSF aprobó también la liquidación del Banco Gubernamental de Fomento, tras medio siglo de financiar a corporaciones públicas y al gobierno central, ya que mantenía un déficit de casi $900 millones.

En 2017 se aprobó, y en tiempo récord, la reforma laboral, la cual no estuvo exenta de controversias. “Hasta el momento no se han visto los efectos positivos en el mercado de empleo”, aseveró el presidente de los economistas. A noviembre, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos reportó que había 40,400 personas empleadas menos que las que había hace un año, de las cuales 36,300 eran del sector privado y 4,100 del gobierno.

Además, se aprobó la nueva Ley de Permisos, con el objetivo de simplificar el trámite y facilitar la construcción y renovación de propiedades. Asimismo, la migración continuó galopante y se intensificó después del paso de María.

Azote sin precedentes

Sin embargo, el evento que más ha marcado a la isla este año lo fue el azote de dos huracanes en septiembre. Irma rozó la isla el día 7, causando algunos daños; y dos semanas después llegó el ciclón María, de categoría 4, cuyos vientos destrozaron gran parte de la infraestructura del país. Transcurridos más de 100 días, aún hay muchas casas sin techo y negocios -incluyendo centros comerciales- sin reabrir.

La energía eléctrica falta o está inestable, así como las telecomunicaciones; y el agua tampoco ha llegado al 100% de los abonados.

“Puerto Rico ha tomado relieve internacional gracias a los huracanes, pero eso no se ha traducido en un plan de ayuda de desarrollo económico por parte del Congreso federal”, lamentó Caraballo Cueto.

El azote de estos dos ciclones impactó la industria de seguros. “María es significativo porque no nos habíamos enfrentado a un fenómeno como este y tenemos que hacer buena la promesa de que el seguro responde”, sostuvo Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese). Pernas indicó que hasta el mes de noviembre se habían registrado más de 170,000 reclamaciones, sin contar las solicitudes por concepto de interrupción de negocios, que llegarán más tarde, debido a que todavía hay muchos negocios que no han podido reanudar operaciones.

María no fue la única preocupación de la industria de seguros en 2017. Lo fueron también el reto para sostener el plan de salud del gobierno y la escasez de fondos para pagar los planes Medicare Advantage. “Ha sido una batalla grande. Tenemos una población que está envejeciendo y necesita los servicios”, manifestó la directora ejecutiva de Acodese, al tiempo que dijo que unos 700 médicos se han ido o están en plan de marcharse de la isla este año. Esto se une a los 5,000 galenos que se fueron en la pasada década, según cifras del Colegio de Médicos.

Por su parte, Javier Rivera Ríos, comisionado de Seguros de Puerto Rico, sostuvo que 2017 “es el año en que va a cambiar la industria de seguros, en gran medida motivada por María”. Explicó que tras la experiencia del ciclón, su oficina emitió 16 cartas normativas para flexibilizar los procesos, de manera que hubiera acceso a la salud; mientras, las aseguradoras también revisan sus procesos internos, y los consumidores se educan más sobre la importancia de tener los seguros.

Hasta mediados de diciembre, las aseguradoras habían pagado el 20% de las reclamaciones recibidas, según el comisionado, y aseguró que para febrero próximo ese porcentaje debe ser el doble. De hecho, la Cámara de Representantes comenzó a investigar a las compañías de seguros de propiedad y contingencia por la aparente lentitud con que han atendido las reclamaciones.

Llegado el último mes del año se aprobó la reforma contributiva en EE.UU., sin que tuviera una concesión especial para la isla, lo que podría amenazar la permanencia de las manufactureras multinacionalesaquí. “Hay mucha incertidumbre sobre el efecto que tendrá en Puerto Rico”, dijo Caraballo Cueto, quien advirtió que si el Servicio de Rentas Internas federal, al redactar su nuevo reglamento, decidiera no honrar el arbitrio de 4% que la isla cobra a las foráneas y que estas reclaman como un crédito aplicable a su responsabilidad contributiva federal, esa “sería la última estocada”.

Para el economista Feliciano, el 2017 evidenció un nuevo paradigma en la relación económica de Estados Unidos hacia Puerto Rico, en la que la isla no es una prioridad. Además de la reforma contributiva federal y del abismo de fondos para Mi Salud, tampoco Puerto Rico ha recibido el préstamo de $4,900 millones de ayuda federal pos María, debido a que el Tesoro quiere asegurarse de que tendrá prioridad de repago por encima de los bonistas, señaló el presidente de la firma ABC, quien dijo que la ayuda ha sido “a destiempo e insuficiente”.

“El 2017 fue un año lamentable. Empezó con mucha ilusión porque el proceso de quiebra se veía como el camino para lograr la recuperación y de ver la luz al final del túnel. Nos dio esperanza y optimismo. Pero llegó el huracán María, y el año termina peor que como comenzó”, puntualizó Feliciano, al tiempo que agregó, “yo no he visto un desplome de la economía como el que hemos tenido en Puerto Rico en los últimos meses”.


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