La síndico de Quiebras para Puerto Rico rendirá un informe de acreedores (vertical-x1)
A partir del mes próximo, la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y, posteriormente, el Sistema de Retiro para Maestros y aquel de la Judicatura quedarán sin efectivo para pagar las pensiones. (Miguel Bayón)

La síndico de Quiebras para Puerto Rico, Monsita Lecaroz, debe presentar hoy un escrito a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain sobre la configuración de los comités de acreedores en el caso de Título III del gobierno puertorriqueño.

Lecaroz compareció el miércoles a la primera vista del caso de bancarrota más grande de deuda municipal estadounidense a pedidos de la jueza, que definió los aspectos procesales del caso e, incluso, extendió los períodos sugeridos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que los acreedores del gobierno o partes interesadas puedan presentar o solicitar reconsideración de sus argumentos.

En la audiencia, Swain inquirió a Lecaroz acerca de los comités de acreedores que podrían establecerse y que formarían parte de la negociación que antecede a reajustar las obligaciones del gobierno central.

La moción de los pensionados

Lecaroz explicó que a la fecha de la audiencia, el grupo Movimiento Pro Pensionados había presentado una moción para que los retirados conformen en sí mismos un grupo separado dentro del universo de acreedores no asegurados del gobierno puertorriqueño y que su oficina evaluaba la moción.

Otros interesados, entre ellos, la droguería César Castillo, sugirieron a la jueza establecer un comité de acreedores que prestan servicios o venden bienes al gobierno.

De igual forma, organizaciones sindicales también han pedido participar del proceso.

“Entendemos que la organización debe ser reconocida porque está compuesta por una diversidad de pensionados, policías retirados, exempleadas de comedores escolares, profesores y empleados jubilados de varias agencias”, dijo A.J. Bennazar Zequeira, quien representa al Movimiento junto a Robert D. Gordon, de la firma Clark Hill.

El pasado 3 de mayo, cuando la JSF solicitó la protección del Título III de PROMESA para el gobierno de Puerto Rico, el ente federal aseveró que el gobierno no podía honrar la obligación actuarial que mantiene con los pensionados del sistema público y que ronda unos $49,000 millones.

A partir del mes próximo, la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y, posteriormente, el Sistema de Retiro para Maestros y aquel de la Judicatura quedarán sin efectivo para pagar las pensiones.

El pago saldrá del Fondo General, según contempla el Plan Fiscal para Puerto Rico.

Radicado el pedido de Título III, Bennazar Zequeira y Gordon presentaron una moción a Swain señalando que, en el universo de los acreedores no asegurados, los retirados son una clase aparte.

A grandes rasgos, en los procesos de quiebra o reorganización de una empresa, la corte autoriza la modificación de las obligaciones del deudor considerando su prioridad o garantía de pago. Por lo general, los acreedores se dividen en aquellos que poseen acreencias con gravámenes o garantías a su favor (o sea, “aseguradas”) y quienes prestaron u ofrecieron servicios o bienes sin poseer activos específicos como fuente de repago.

Los comités suelen ser identificados por el síndico de la corte de distrito. Sin embargo, la jueza pareció indicar a Lecaroz que ella también tenía autoridad para decidir sobre las mociones que se le radiquen.

“Estos no son bonistas, ni le prestaron o vendieron bienes al Estado, son acreedores bien especiales”, dijo Bennazar Zequeira, al indicar que acogió con optimismo las expresiones de Swain, a quien describió como una jueza conocedora de los procesos de bancarrota.

Otras experiencias

En ese sentido, Bennazar Zequeira dijo a El Nuevo Día que el pedido del Movimiento no es distinto a la clase especial de retirados que se creó en otros casos de bancarrota municipal. Entre ellos, Detroit, en Michigan, y Vallejo, en el estado de California.

Destacó también que, a diferencia de otros acreedores, hay pensionados que no poseen otro sustento que la paga de jubilación que reciben de los planes de pensiones públicos y que por ello, deben tener una voz que procure sus intereses.

Aunque la audiencia del miércoles se centró en asuntos procesales, Gordon fue el único abogado ante la jueza Swain cuyos planteamientos no tenían que ver con los bonos de la Isla o la deuda de suplidores.

Allí, Gordon dijo que por los pasados dos a tres meses, los retirados de la Isla han escuchado que habrá recortes en los gastos de salud y en sus pensiones y también que se aprobó el Plan Fiscal para Puerto Rico. Sin embargo, dijo el abogado, los más de 90,000 pensionados que representa el Movimiento no han tenido la oportunidad de participar de las negociaciones que ha convocado la JSF.

De acuerdo con Bennazar Zequeira, las 15 organizaciones de jubilados que integran el Movimiento han ejercido un enorme criterio de prudencia al desistir de expresar su frustración en foros públicos o en la calle y con ello, han demostrado que tienen la capacidad y madurez de representar a uno de los sectores más vulnerables ante los ajustes que se avecinan.


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