Fachada del Banco Gubernamental de Fomento en Minillas. (GFR Media) (semisquare-x3)
Fachada del Banco Gubernamental de Fomento en Minillas. (GFR Media)

La jueza Laura Taylor Swain se reservó esta tarde el fallo en torno a la moción del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) que busca detener la reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Swain escuchó en una audiencia en el Tribunal Federal en Hato Rey a las partes argumentar sobre si proceder con el acuerdo voluntario entre el BGF y sus acreedores bajo el Título VI de la Ley Promesa, representa una violación a la paralización de litigios provistos en ese estatuto. 

"El acuerdo debe hacerse y debe efectuarse ahora", dijo Peter Friedman, abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en un intento por combatir los argumentos de Luc Despins, representante del UCC.

La audiencia se dio en momentos en que la propia Aafaf informaba que el 95% de los bonistas que respondieron al proceso de consulta para modificar la deuda del BGF avalaron la transacción. 

"No me sorprende que los bonistas del BGF hayan avalado el acuerdo porque se están quedando con los activos de la compañía (BGF)", dijo Despins mientras combatía los contrargumentos de Friedman y el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Martin Bienenstock. 

El argumento de la UCC es que el acuerdo de ajuste de deuda del BGF anula los derechos de otros acreedores del gobierno central en el caso de que tengan acreencias directas con el otrora agente fiscal del gobierno. 

De igual forma, el UCC entiende que la Ley 109 de 2017, que la Legislatura aprobó para reestructurar la deuda del BGF, sería contraria a la Ley Promesa y al Código de Quiebras estadounidense. Esto al facilitar que los municipios puedan cancelar sus deudas con el BGF utilizando los depósitos en los libros de esta institución. Dicho remedio, según Despins, solo podría utilizarse si esto no representa un trato desigual entre los acreedores. 

Desde la perspectiva de Bienenstock, el UCC ni el Comité de Retirados tienen la capacidad jurídica para hacer estos cuestionamientos ante la Corte. Destacó que la Ley Promesa provee para el proceso voluntario de negociación entre una entidad gubernamental y sus acreedores. La intervención del Tribunal fue descrita en este proceso como una de verificación del cumplimiento del acuerdo con los requerimientos básicos de la Ley Promesa y no una evaluación en los méritos de la medida. 

Durante la audiencia la jueza aprobó una serie de reglas o estándares nuevos para el pago de los honorarios de los abogados que trabajan en los casos de bancarrota del gobierno. La oficial examinadora de los honorarios explicó en sala que están procurando que los abogados no incurran en excesos o gastos innecesarios que eleven los costos del proceso judicial. Indicó que en ocasiones los abogados hasta han facturado el tiempo que usan para consultarles cómo deben hacer las facturas cuyo desembolso el Tribunal autoriza. 


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