Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

La abogada Marcia Goldstein compareció al tribunal en representación de la aseguradora municipal National Public Finance Gurantee. En la foto, junto a su colega abogado Eric Pérez Ochoa. (horizontal-x3)
La abogada Marcia Goldstein compareció al tribunal en representación de la aseguradora municipal National Public Finance Gurantee. En la foto, junto a su colega abogado Eric Pérez Ochoa. (Gerald López Cepero)

La poca disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y de la administración de Ricardo Rosselló Nevares para compartir información financiera quedó vertida ayer en el récord judicial de la primera audiencia de Título III, cuando dos abogadas relataron a la corte los obstáculos que han encarado sus clientes para participar de las negociaciones de la deuda pública de Puerto Rico.

“La buena fe es crítica a medida que nos movemos hacia adelante”, dijo Marcia Goldstein, representante legal de la aseguradora municipal National Public Finance Gurantee y socia del bufete Weil, Gotshal & Manges.

Según Goldstein, para que pueda darse una negociación es necesario que haya “transparencia” y que se provea suficiente información acerca de las finanzas públicas, algo que no ha sucedido a la fecha.

“Estamos decepcionados con lo que ha sucedido”, agregó la abogada.

“El plan fiscal actual viola (la ley federal) PROMESA”, dijo por su parte la abogada Ellen M. Halstead, representante de Assured Guaranty y parte del bufete Cadwalader, Wickersham & Taft.

Según Halstead, la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) “rechazaron” discutir los planteamientos y razonamientos que dieron pie al plan fiscal certificado el pasado 13 de marzo. Como resultado, dijo que a su cliente no le quedó otra alternativa que radicar un procedimiento adversativo contra Puerto Rico el pasado 3 de mayo. Esto, una vez la JSF radicó la petición del Título III de PROMESA para el Gobierno central y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Acto seguido, Halstead dejó entrever que para avanzar en las negociaciones el plan fiscal tendrá que ser modificado “sustancialmente”.

Los planteamientos de Goldstein y Halstead se produjeron ayer, casi al cierre de la primera audiencia de los casos Título III y que presidió la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain.

Allí, las abogadas reafirmaron los alegatos que aseguradoras y grupos de bonistas hicieron en marzo y abril, cuando criticaron la renuencia de la JSF y la Aafaf a discutir los supuestos del plan fiscal y que apenas dedica entre 4% a 6% de los recaudos del gobierno al servicio de la deuda.

De acuerdo con Goldstein, al presente, la posibilidad de encausar una negociación voluntaria entre las partes es “muy, muy lejana” debido a que no hay data financiera confiable, seria y abierta que permita tomar decisiones informadas.

La experta en reestructuraciones aseguró que no se trata únicamente de habilitar un cuarto virtual con datos, sino de que haya información financiera clara y suficiente.

Dijo además que se solicitó la información que validaba el plan fiscal y no se proveyó.

El caso de la AEE

Goldstein explicó que su cliente participó de la negociación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), proceso que se efectuó durante la administración de Alejandro García Padilla.

“La parte importante fue la transparencia”, dijo Goldstein al plantear que ello hizo posible llegar a un acuerdo en la AEE.

Riposta la AAFAF

De inmediato, el abogado de la Aafaf y socio de O’Melveny, John Rapisardi, catalogó como “injustos” los comentarios de las abogadas y dijo que él personalmente atestiguó los esfuerzos de su cliente para preparar el cuarto de datos virtual que se habilitó durante las negociaciones.

Rapisardi indicó que lo provisto “no es perfecto, no es completo”, pero que se ha hecho un esfuerzo genuino por compartir información.

“Aquí hay unos grupos que quieren una información, alguna de ella que no se puede proveer en un momento dado por cuestión de privilegio, porque son documentos de trabajo, porque son modelos vivos. Ellos tendrán acceso a todo eso una vez sean productos finales como lo es el Plan Fiscal”, dijo el representante de Puerto Rico ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte.

“Esta administración ha puesto la mayor cantidad de información disponible para todos ellos, para poder escrutar, para poder analizar. Esto nunca antes se había hecho. Ellos van a argumentar su caso, pero lo que dicen no necesariamente es la verdad”, acotó.


💬Ver 0 comentarios