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Sobrino consideró que las cartas que remitió la Junta de Supervisión al Congreso “reflejan imprudencia”. (GFR Media) (horizontal-x3)
Sobrino consideró que las cartas que remitió la Junta de Supervisión al Congreso “reflejan imprudencia”. (GFR Media)

El representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino, indicó ayer que la carta de ese organismo acerca de los altos gastos de abogados y asesores en los casos de Título III “no refleja la verdad”.

“La expresión de que hay gastos innecesarios de parte del gobierno de Puerto Rico lo encuentro irrisorio. Para empezar, la estructura de los agentes Cofina y del gobierno central no fue un invento de Puerto Rico en el Título III”, dijo Sobrino a El Nuevo Día en referencia al mecanismo que sugirió la Junta para determinar si los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) pertenecen a la corporación que emitió dicha deuda o al gobierno central.

Los abogados y asesores que asisten a esos agentes facturaron, en conjunto, $17 millones del total de $77.7 millones en honorarios reclamados durante los primeros cinco meses de la ley federal Promesa.

“Estas cartas reflejan imprudencia y un uso irrisorio de esas expresiones y no reflejan la verdad de lo que hemos hecho en el gobierno para evitar esto. Está fuera de lugar”, prosiguió Sobrino.

Ayer, la JSF escribió al liderato congresional para indicar que los altos gastos por honoraciones para abogados y asesores que participan de ese proceso se deben a la estructura que se creó con la ley federal Promesa.

“Históricamente, el pueblo de Puerto Rico ha sufrido un problema de malgasto público”, indicó el presidente de la JSF, José B. Carrión, al admitir que ha habido duplicidad de esfuerzos en los casos de Título III.

Sobrino destacó que el gobierno ha procurado no duplicar esfuerzos con la JSF, pero que la preparación del plan fiscal y del presupuesto, al igual que su implementación, son responsabilidad del gobierno local.

Dijo que el gobierno accedió a que Citi actuara como banquero líder en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como sugirió la JSF y que solo una firma contratada por la Junta Fiscal realice la auditoría forense de las cuentas bancarias.

Sin embargo, Sobrino subrayó que ha habido momentos en que el gobierno ha tenido que emplear sus abogados para asegurar el triunfo en corte, como sucedió recientemente con un reclamo de los bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

“Hemos sido forzados a contratar nuestros abogados para preservar el autogobierno”, dijo Sobrino y ofreció como ejemplo que la intervención del gobierno evitó que, pasado el huracán María, se nombrara a Noel Zamot como síndico de facto en la AEE.


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