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El gobernador ha dicho que convertirá en ley la legislación de la reforma contributiva la cual, gracias a una cláusula incluida a última hora, permitiría la operación de miles de máquinas tragamonedas fuera de los casinos. (GFR Media)

La Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA, en inglés) no descarta acudir a los tribunales si el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convierte en ley el proyecto de reforma contributiva que legalizaría la operación de miles de tragamonedas en Puerto Rico fuera de casinos.

Miguel Vega, presidente saliente de la organización, se mostró esperanzado en que se produzca algún diálogo con el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para evitar que se adopte una política que, a su juicio, empujará a la ruina a los casinos que operan en la isla y con ella, los diversos programas que el gobierno financia con tales recaudos.

Pero a su vez, el hotelero reconoció que si el diálogo no les brinda resultados, los hoteleros ponderan recurrir a la vía judicial, tal como y lo hicieron hace unos cuatro años cuando el gobierno buscó introducir la videolotería a la isla.

No descartamos acudir a los tribunales. Aquí hay unos aspectos legales que considerar. No puedes cambiar las reglas del juego así por así”, agregó el empresario.

“Sabiendo los problemas de crimen que hay y que una buena parte de eso está atado al tráfico de drogas, el gobierno propone hacer un ‘laundry’ de dinero de 100 x 35”, sostuvo Vega al reiterar que la legislación recién aprobada no exigirá a los operadores de tragamonedas fuera de casinos, cumplir con leyes federales de antiblanqueo de capitales y de secretividad bancaria.

La semana pasada, en medio de críticas diversas y de cuestionamientos por parte de la JSF acerca de su viabilidad, la legislatura dio paso a la llamada reforma contributiva incluyendo en esta, de manera sorpresiva, una autorización para que se instalen en Puerto Rico hasta 45,000 máquinas tragamonedas fuera de casinos. Ese número de máquinas sería nueve veces mayor que el inventario de tragamonedas en casinos que existe al presente, partiendo de las cifras vertidas por Vega.

El gobernador ha dicho que convertirá en ley la legislación.

No entiendo cuál es la insistencia cuando en los pasados años, han habido 28 vistas públicas sobre este mismo tema y se ha probado, una y otra vez, lo malo que esto va a ser para la industria y para el mismo gobierno”, dijo Vega, quien opera tres de los 16 casinos que hay en la isla.

Vega destacó que, contrario a lo que asegura el gobierno y la legislatura, una medida que “socava una fuente de ingresos no es neutral” al fisco, asunto que fue requerido por la JSF a la hora de certificar el plan fiscal del gobierno central.

El empresario manifestó que la contracción económica y la baja poblacional, junto a la proliferación de las llamadas máquinas de entretenimiento de adultos, ha contribuido al cierre de unos siete casinos.

Un estudio del 2013 encomendado por el gobierno a Spectrum Gaming Group concluyó que la mayor parte de las personas que hacen uso de los casinos en Puerto Rico son clientes locales y no turistas. El análisis también concluyó que la isla está saturada de todo tipo de juegos de azar, por lo que aumentar la huella de tragamonedas fuera de casinos terminaría reduciendo los ingresos que generan estas operaciones en los hoteles.

Ese dato, según Vega, apunta a que en Puerto Rico, el “gaming pie”, es decir, el dinero que la gente tiene disponible para juegos de azar es el mismo, sea para comprar billetes de lotería como para tirar de la palanca en la tragamonedas.

El problema, dijo Vega, es que mientras los ingresos de tragamonedas fuera de casinos irían al Fondo General, los recaudos que se obtienen de los casinos van a financiar la promoción del turismo, los incentivos que se otorgan a las líneas de cruceros por atracar en la isla y parte de las operaciones y la deuda de la Universidad de Puerto Rico.

Sobre todo, dijo Vega, de todos los sectores económicos en la isla, el único con mayores probabilidades de crecer de manera sostenida y de crear empleos de manera intensiva es el turismo.

Esto va a ser nefasto para el turismo, pero también para el gobierno y la economía”, acotó Vega.


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