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La vista, en la que depusieron varios ciudadanos, incluido Gilberto Arvelo, conocido como “Dr. Shoper”, fue liderada por el representante José Luis Rivera Guerra, con micrófono. (Teresa Canino)

Un reclamo para que se eliminen todas las multas emitidas por el sistema de AutoExpreso, se revise la operación de dicho sistema y se reevalúe el contrato de administración, fue reiterado ayer por legisladores, varios ciudadanos y por el promotor de los derechos de los consumidores, Gilberto Arvelo, conocido como “Dr. Shoper”.

El consenso en oposición a las prácticas que se utilizan en la emisión y cobro de multas por el alegado uso indebido de los peajes se produjo durante una audiencia pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, que evalúa esta problemática.

Arvelo denunció que “los consumidores hemos venido viviendo un vía crucis con el sistema de AutoExpreso y, a pesar de que cambiaron de compañía, de Transcore a Gila, los problemas persisten”.

Se refirió a la emisión de numerosas multas a conductores que desconocen que están en violación, a serias deficiencias en la expedición de las mismas, y a la virtual inexistencia de un proceso de revisión.

“Un dato significativo que esta honorable comisión debe conocer y que se está dilucidando en los tribunales, a través de un pleito de clase radicado por un grupo de consumidores, es que según establece la ley se supone que cada vez que se emite una multa, dicha multa tiene que ser juramentada para validar que el vehículo no poseía balance en su cuenta”, sostuvo.

Aseguró que ya se demostró que no se está cumpliendo con ese requisito legal, ya que las multas se emiten de forma automática, y advirtió que de lograrse una decisión favorable del Tribunal, la empresa que administra el sistema y el gobierno tendrían que devolver el dinero cobrado por estas.

Denuncia ciudadana

Dos ciudadanos que comparecieron en su carácter personal a las audiencias dramatizaron con sus experiencias la seriedad de esta situación.

José Villafañe Nieves, un trabajador retirado de la Junta de Calidad Ambiental, denunció que AutoExpreso le canceló de forma arbitraria y sin aviso, el servicio de recarga automática, por el cual le emitieron multas de $200 diarios por los peajes que utilizaba para moverse de su casa al trabajo. Las multas rebasaron los $2,000 cuando le fueron notificadas.

Indicó que en la misma cuenta tenía el auto de su esposa, que por trabajar como enfermera en el mismo pueblo de Manatí, donde residen, prácticamente no utilizaba los peajes. A esta también le emitieron multas cercanas a los $2,000.

“Debido a que AutoExpreso me canceló la recarga automática sin utilizar un mecanismo adecuado y efectivo para notificarme, me indujeron, por su negligencia, a cometer dichas infracciones. Por otro lado las infracciones las enviaron todas de una vez, y prácticamente no cabían en el buzón de mi correo”, denunció Villafañe.

Julio Fernández Cruz fue el otro ciudadano que compareció, y denunció igualmente el cobro excesivo de multas. En su caso, señaló que al eliminarse lossemáforos que indicansi hay balance en la cuenta en el peaje del expreso PR-22, comenzaron a llegar las multas.

“Eso de remover los semáforos es un modo de entrampamiento para dar boletos”, afirmó, a la vez que reclamó que siempre que tenía balance bajo en su cuenta depositaba dinero adicional, y a veces no aparecía el pago.

También indicó tener multas cuantiosas y advirtió que si no se atiende el reclamo, prefiere entregar la tablilla del auto y mudarse de Puerto Rico.

El presidente de la Comisión, José Luis Rivera Guerra, exigió las renuncias del secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras Aponte, y del director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, por su inacción ante lo que catalogó como el robo que está sufriendo la ciudadanía por el sistema de AutoExpreso. Catalogó como un “problema gravísimo”, el exceso de multas y declaró que la Legislatura “no será cómplice de ese abuso”.


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